Durante los años de bonanza económica, con el gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el Estado gastaba grandes cantidades de dinero para llevar a cabo la celebración del desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en España: el 12 de octubre. El último que se celebró bajo el mandato socialista supuso el fin de una era. En 2011, el Ministerio de Defensa gastó 2,8 millones de euros y se utilizaron, según la información oficial, 3.000 efectivos, 147 vehículos y 55 aeronaves.
Sin embargo, con el inicio del gobierno popular de Mariano Rajoy, los Presupuestos Generales del Estado comenzaron a sufrir brutales recortes para ajustarlos a la realidad y casi todas las partidas -entre las que se encuentran las imprescindibles Educación, Sanidad y Dependencia- fueron víctimas del tijeretazo.
El gasto en el desfile militar también fue reducido drásticamente, quedando alrededor del millón de euros: se suprimieron todos los vehículos salvo aquellos usados por los veteranos y casi la totalidad del desfile aéreo. Solo la Patrulla Águila -que dibuja la bandera española en el cielo- quedó a salvo.
Cambio de tendencia
Durante los años siguientes, tras el inicio de este cambio de tendencia en el que se celebraban desfiles de bajo coste, Defensa continuó manteniendo una partida inferior para el 12 de octubre. Con la reducción de vehículos, los soldados que más sufren los recortes y las pésimas condiciones laborales del Ejército hicieron casi todo el recorrido a pie. Sin embargo, con María Dolores de Cospedal al frente, este 2017 se han aumentado los efectivos utilizados: 3.900 soldados, 84 vehículos, 74 aeronaves y más gradas para los asistentes. El recorrido también ha cambiado de Prado-Recoletos al Paseo de la Castellana para albergar a más ciudadanos.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Fernando Alejandre, ha afirmado que el conflicto catalán no ha tenido nada que ver en este incremento de los soldados con respecto a los años anteriores -casi un millar más- ni de los vehículos. Sin embargo, la tensión creada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre hace pensar todo lo contrario.
La Policía Nacional ha participado, por primera vez en 35 años desde su desmilitarización, en el desfile militar del 12 de octubre. Asimismo, más de un centenar de actos alrededor de todo el país y seis juras de bandera para civiles se han unido a esta celebración que algunos consideran injustificada en pleno 2017.
Gastos no declarados
El Ministerio de Defensa no ha comunicado lo que ha costado esta celebración. Sin embargo, el gasto previsto fue adelantado por el general Alejandre: 420.000 euros. Una cifra provisional y que es apenas superior a la que comunicaron en el año 2016.
Un portavoz del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha asegurado ante las preguntas del diario digital 'Público' que "no hay un incremento notable" en los gastos este año del desfile. Sin embargo, esto se debe a que hay partidas que no se incluyen en el presupuesto de Defensa como el aumento de las gradas, la participación de la Policía Nacional o la compañía de gendarmes franceses, invitados este año.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Cospedal ha vetado la información dada por el EMAD y se ha reservado el derecho a explicar los gastos referentes a esta celebración. La estrategia llevada a cabo por Defensa cada año es evidente: dicen que el gasto del desfile ha sido una cantidad determinada, que ha rondado los 800.000 euros en los últimos años. Sin embargo, el ministerio no incluye en ese presupuesto diferentes partidas que se encuentran abonadas por otras instancias.
Por ejemplo, en el presupuesto destinado a Defensa no se incluyen las subvenciones a la I+D militar -lo paga Industria-; ni las misiones militares en el extranjero -lo paga el Fondo de Contingencias destinado a cubrir imprevistos presupuestarios-; ni la factura de la deuda de armamento. Esta última ha sido pagada en los últimos años por un crédito extraordinario que lleva pidiendo cada mes de agosto con alevosía el Gobierno de Rajoy y que ha sido declarado inconstitucional aunque sin efectos retroactivos. Tras esta sentencia del TC, Cospedal ha tenido que incluir este año el pago de la deuda en el presupuesto y aumentarlo en un 30% a mitad de ejercicio.
