La crisis abierta en Podemos está provocando la caída de su estructura interna y el continuo goteo de salidas en la formación. Los últimos nombres relevantes en abandonar el partido son el politólogo Juan Carlos Monedero y la ya ex secretaria de Organización, Lillith Verstrynge, una dimisión que además ha reducido su representación en el Congreso de los Diputados hasta los cuatro diputados y, con ello, su fuerza para negociar con el Ejecutivo porque no podrá tumbar medidas junto a la oposición.
En este contexto, la cúpula de Podemos se está viendo reducida y la situación obliga a remodelar la estructura del partido. En sustitución de Verstrynge, el Consejo Ciudadano Estatal ha nombrado como nuevo secretario de Organización a Pablo Fernández.
Fernández forma parte del círculo de confianza de Pablo Iglesias y, en su nombramiento, ha contado con el aval de la secretaria general del partido, Ione Belarra. Fernández tendrá ahora el reto de aunar su actividad como procurador en las Cortes de Castilla y León por Valladolid, la Secretaría General del partido en Castilla y León, la coportavocía a nivel nacional y, también, la labor como Secretario de Organización.
El nombramiento de Fernández tiene el reto de impulsar la estructura interna, ante la decisión de la formación morada de concurrir a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, en las que la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, se presentará como candidata. El nuevo secretario de Organización también participa en estas listas, aunque la mayoría de sondeos reducen sus posibilidades como posible nuevo europarlamentario.
La formación está cerrando su núcleo duro, ante la salida de cargos. María Teresa Pérez, por ejemplo, ha sido promocionada recientemente como secretaria de Discurso y Acción Institucional, un cargo que compagina con la coportavocía nacional y virtualmente candidata en las próximas elecciones valencianas.
También se encuentra en este núcleo Javier Sánchez Serna, que es portavoz del partido a nivel nacional y, además, lidera la formación en la Región de Murcia. Además, actualmente es diputado en la Asamblea de Murcia y en el partido también ejerce como secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática.
Dentro del núcleo duro también se sitúa Isa Serra, que ostenta otra de las coportavocías nacionales del partido, que en total se extienden a cuatro, y que aparece como virtual candidata en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Además, se encuentra en las listas de la formación para las elecciones al Parlamento Europeo.
¿Qué dice el Código Ético de Podemos?
El Código Ético de Podemos recoge que los miembros de la formación morada tienen establecida "la limitación para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno", aunque se establece como excepción "aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico".
No es la primera ocasión en la que surgen dudas sobre el cumplimiento del Código Ético en la formación morada. En enero de 2020, Pablo Iglesias e Irene Montero, entonces como vicepresidente segundo del Gobierno y ministra de Igualdad, fueron objeto de polémica por la acumulación de cargos que estaban experimentando: vicepresidente, un ministerio, dos diputados, secretaría general y dirigente de la Ejecutiva.
En este contexto, Pablo Iglesias ya planteó en marzo sustituir este reglamento interno y permitir la acumulación de cargos. El partido vio que esta limitación se mostraba excesiva, según declaraba entonces la dirección de Podemos a Europa Press, cuando entró en el Gobierno de Castilla-La Mancha y, después, se sumaron otros ejecutivos autonómicos como Baleares, Aragón, La Rioja y, por último, el Gobierno central.
Además, las polémicas sobre el cumplimiento del Código Ético de la formación se han extendido en el tiempo. Por ejemplo, cuando Pablo Iglesias cobró una indemnización tras dejar la vicepresidencia del Gobierno, por la que finalmente renunció.
También fue objeto de debate el nombramiento de dos asesores en el Ministerio de Igualdad en octubre de 2021, puesto que estaban procesados por malversación y prevaricación, cuando el Código Ético afirmaba que "debe renunciar al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos" y que "en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción". Ambos asesores fueron finalmente absueltos en este caso.
