Las pintadas de grafitis en el transporte público están aumentando por toda España. La denuncia ha partido del Metro de Madrid, pero el resto de corporaciones encargadas del transporte público están siguiendo esta vía para denunciar una práctica que cuesta una cantidad significativa de dinero público.
Los últimos en señalar este problema ha sido Renfe. Según afirma en un informe, el coste de estas limpiezas, solo en el servicio de Cercanías, implicó un gasto total de 15,7 millones de euros durante el ejercicio de 2017, es decir, un coste equivalente a la compra de tres trenes completamente nuevos.
Al problema de las pintadas, se suma la violencia con la que actúan muchos de estos grupos, que suelen pagar los propios trabajadores de la empresa pública o los agentes de la Policía Nacional que intervienen en este tipo de casos.
A pesar de las denuncias, Renfe teme que los casos vayan a aumentar durante los meses de noviembre y diciembre. Una de las causas fundamentales es que este tipo de acciones contribuyen a ganar relevancia en las redes sociales, algo que buscan sobre todo los más jóvenes.
La compañía asegura que, tan solo en los primeros nueve meses del año, se han registrado un total de 2.800 actos vandálicos de este tipo a lo largo de todo el país; así como se han pintado 73.000 metros cuadrados de trenes. Las regiones más afectadas son la Comunidad de Madrid (un 20% de los casos) y Cataluña (con un 45%). El 90% de los ataques se producen contra los convoys del servicio de Cercanías.
Hay que contratar múltiples servicios
Los daños que produce la pintada de grafitis en los trenes requieren la contratación de múltiples servicios, lo que también contribuye a la paralización de un parque móvil necesario para cubrir la demanda. Esta suspensión de los trenes suele durar entre uno y siete días, y el año pasado afectó a más de 200.000 viajeros.
En concreto, cada tren afectado incluye un servicio de pintura, disolvente, traslado a talleres y movilización del personal. Se calcula que cada caso cuesta a las arcas públicas 6.000 euros.
Pero, además, hay otro factor muy importante. La limpieza se realiza utilizando agua, lo que obliga a cortar la corriente de la catenaria que moviliza los coches. La pintura empleada, casi siempre, es ácida y de secado rápido, por lo que suele dañar la chapa de los vehículos. Por ello, hay que emplear el disolvente y posteriormente pintar nuevamente todo el tren.
Para evitarlo, Renfe pide un refuerzo policial, ya que no se puede imputar ningún delito a los grafiteros si no son sorprendidos en el acto. Además, han solicitado que se impida distribuir o fotografiar estos actos vandálicos, ya que constituye el fin último de estas acciones. Por último, también solicitan un endurecimiento de las penas que ayude a descender la reiteración de estos delitos: muchos de los vándalos que actúan en las instalaciones son ampliamente conocidos por la Policía.
