El pasado mes de julio se publicaba el informe Chilcot, que reunía una serie de conclusiones sobre la intervención en Irak llevada a cabo por fuerzas principalmente estadounidenses, pero en la que también participaron Reino Unido o España, entre otras.
La comisión Chilcot, creada en 2009 por el entonces Primer Ministro Gordon Brown, concluía que Saddan Hussein no suponía una grave amenaza para los intereses de Reino Unido, así como que las alternativas a una solución pacífica al conflicto no habían sido agotadas. Por tanto, afirmaba que la invasión de Irak en 2003, la guerra que se inició contra ese país, fue totalmente innecesaria.
Sin embargo, un mes después de la publicación de este informe, parece que las únicas repercusiones que sufrirá el conocido como Trío de las Azores (Aznar, Blair y Bush) serán únicamente a nivel de imagen, pero en ningún caso pisarán un juzgado. Y es que los crímenes de guerra por los que estarían acusados se podrían juzgar en el ámbito del Tribunal Penal Internacional, cuyos acuerdos no tiene suscritos Estados Unidos y cuyos jueces nunca han procesado a líderes de países occidentales.
1 La Corte Penal Internacional, un juzgado para los crímenes más graves
En julio de 1998 se celebró en Roma una Conferencia que tenía como objetivo la creación de un Tribunal Penal Internacional, un juzgado con potestad sobre los crímenes más graves cometidos por individuos en contra del Derecho Internacional. Este Tribunal, que tendría su sede en La Haya, no estaría vinculado a la ONU, como sí lo está la Corte Internacional de Justicia.
La idea de crear un Tribunal que persiguiese de forma universal los delitos cometidos contra la humanidad surgió después del genocidio de Ruanda en 1994. En ese año el 75% de las personas pertenecientes a la población tutsi fueron asesinadas por el gobierno que ostentaba el poder, los hutu, en un intento por eliminar a los otros completamente. Las cifras de víctimas se estiman en torno a 800.000 personas, muchas de ellas únicamente niños.
Fue a raíz de esto cuando se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con el objetivo de castigar a todos aquellos culpables de estos delitos de lesa humanidad. Sin embargo, este fue un tribunal creado específicamente para este caso, y aunque logró juzgar a más de 700 personas y fue un hecho histórico, no podía servir para juzgar otros casos similares.
Así, en este momento se comenzó a gestar lo que más tarde sería la Corte Penal Internacional, que ya había sido planteada por múltiples académicos.
2 Estados Unidos en contra del Tribunal
Durante la Conferencia en Roma por la que se constituía el Tribunal, EEUU, Israel y China se aliaron para posicionarse en contra. Aun así, Israel y EEUU acabaron firmando el documento, si bien no llegaron a ratificar el tratado. En el caso de EEUU, además, la firma se llevó a cabo de la forma más rápida posible: Bill Clinton la firmó un día antes de cederle el poder a su predecesor, George W. Bush, quien más tarde retiraría la firma del Tratado de Roma.
Además de esto, en 2002 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, con el objetivo de debilitar al Tribunal Penal Internacional. Esta legislación prohíbe expresamente a los gobiernos federales, estatales y locales del país, así como a los organismos como los tribunales, la asistencia a la Corte Penal Internacional. Así, se prohíbe que se extradite a cualquier persona de EEUU a La Haya para que sea juzgado y se prohíbe a los agentes del Tribunal investigar en territorio estadounidense.
De la misma forma, la legislación prohíbe la ayuda militar a los países que son parte de la Corte, con lo que se intenta añadir presión. La ley también autoriza al Presidente de EEUU a buscar la liberación de cualquier persona detenida o encarcelada que sea del país o aliada, y utilizar todos los medios que sean necesarios para ello. Es decir, esta ley permite ir en contra del principio de Derecho Internacional.
3 Un tribunal que no juzga a potencias occidentales
Si se echa un ojo a la lista de procedimientos abiertos en el Tribunal Penal Internacional, el lector se da cuenta de que la gran mayoría de esos casos hacen referencia a países que se encuentran en el continente africano. Es decir, no hay ningún procedimiento sobre soldados israelíes que hayan cometido crímenes contra los palestinos y mucho menos un procedimiento abierto contra cualquiera de los países que apoyaron la invasión de Irak.
Esta situación crea una gran conflictividad y, por supuesto, niega una total legitimidad a un tribunal que solo juzga a unos pocos. No es la primera vez que mandatarios de países del continente africano acusan a la institución de ser un instrumento más de colonización, así como de racista e hipócrita.
Tal es la animadversión que muchos de los dirigentes profesan a este tribunal que la Unión Africana discutió sobre este asunto en una de sus reuniones en 2013.
4 El fracaso de un Tribunal que carece de medios
Es evidente que este tribunal desarrolla su trabajo en un panorama internacional totalmente desigual. Por tanto, la credibilidad de La Haya queda mermada cuando EEUU no solo no reconoce estos juzgados como institución legítima, sino que firma tratados con otros países para evitar la extradición de ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el hecho de que tampoco cuente con su propia policía o que no tenga capacidad para proteger a las víctimas o los testigos de los casos a los que se enfrenta es realmente el gran problema del Tribunal Penal Internacional.
Este problema se muestra claro en casos como el del presidente sudanés Omar al-Bashir, quien ha sido condenado por el Tribunal por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur en 2009. A pesar de que la Corte ha dictado una orden de arresto, eso no le ha impedido continuar siendo presidente del país, así como pasearse por diversos Estados africanos con completa impunidad, incluso por algunos países que forman parte del Tribunal Penal Internacional, como Nigeria o Kenia. Dado que la Corte no tiene su propia policía, depende de que algún Estado de el paso de detenerlo, lo cual no es muy probable.
Por tanto, la cooperación entre los Estados que han firmado el Tratado de Roma es un elemento fundamental para que el Tribunal Penal Internacional pueda, de forma efectiva, juzgar a aquellos individuos que hayan cometido los crímenes más graves contra la humanidad. Como lo ocurrido en Darfur en 2009. O la invasión de Irak en 2003.
