La figura de José Antonio Hernández nos puede resultar desconocida de primeras, pero es, ni más ni menos, uno de los ejes centrales de la Operación Púnica. Durante años fue Jefe de Operaciones de la multinacional Cofely, filial del gigante francés GDF. Cofely es una empresa dedicada a ofrecer servicios energéticos, que llegó a lograr adjucaciones por valor de más de 300 millones de euros en una decena de municipios de la Comunidad de Madrid hasta 2014, fecha en la que se destapó el caso de corrupción.
En esos años, José Antonio Hernández estaba al tanto de todas las concesiones, al supervisar él mismo los contratos amañados, y era, según la Fiscalía, "el eslabón" entre Cofely y la empresa de David Marjaliza, socio de Francisco Granados y cabecilla de la Púnica.
Hernández fue detenido el 27 de octubre de 2014, y se había acogido en todo momento a su derecho a no declarar. Hasta ahora.
Un sistema corrupto perfectamente engrasado
El exJefe de Operaciones de Cofely ha aportado en su declaración detalles clave sobre cómo la multinacional a la que pertenecía sobornaba a los políticos para conseguir su objetivo. Lo hacía mediante una serie de partidas sospechosas en los contratos con los ayuntamientos, que les obligaban a pagar comisiones a la empresa de David Marjaliza por poner en contacto a políticos y empresarios.
Como dichas cláusulas ya venían en los contratos con los municipios, Cofely no tenía problemas en justificar esos pagos. Más difícil lo tenían en cuanto a las propias cuentas de la empresa, como analiza Hernández: "Había que meter en el circuito interno de la empresa pagos de 150.000 euros. Pero, ¿con base en qué? Lo lógico es que hubiera una factura o un presupuesto, pero no había nada (...) No teníamos nada en lo que basarnos, así que usábamos conceptos muy vagos: pinturas de edificios municipales, ayudas de albañilería...".
A pesar de que justificar pagos de 150.000 euros en 'albañilería' podía levantar sospechas, nadie de Cofely le dijo algo al respecto al Jefe de Operaciones, sino que, además, cada mes se iba acumulando más trabajo, más adjudicaciones ilegales que salpicaban a varios pueblos de Madrid, hasta que se descubrió el entramado corrupto.
La lista de alcaldes implicados es larga
Los ayuntamientos de la Comunidad querían dar una inventada imagen de legalidad sacando a un falso concurso las licitaciones, que siempre iban a parar a Cofely, a pesar de que el propio Hernández admite que "no era una empresa barata".
Por firmar estos contratos, a los que Marjaliza y Granados daban el visto bueno previo, la Fiscalía acusa al exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, de recibir 60.000 euros; al de Collado Villalba, Agustín Juárez, 400.000; y al de Parla, José María Fraile (PSOE), 500.000. El listado es mucho mayor, pero estos son solo tres ejemplos del nivel de corrupción tan profundo que sufrían los madrileños en su Comunidad.
