Ciudadanos y Podemos llegaron a la vida política para 'regenerar' el sistema que ha gobernado nuestro país durante todo el último período democrático. La actual sociedad interconectada y globalizada, en auge desde el año 2008, ha sido la detonante del estallido de todo tipo de casos de corrupción.
No hay que olvidar que las redes clientelares y pseudomafiosas han ocupado gran parte de la Administración. Y, en algunas ocasiones, con situaciones inéditas, como la connivencia entre el PP de Ignacio González en Madrid e Izquierda Unida. Una relación que terminó con Libertad Martínez (IU) enchufada en RTVE, con su periódico haciendo la campaña de su 'rival político' (González) y una formación que terminó descabezada por Alberto Garzón (gestora mediante).
En un sistema podrido hasta la saciedad, que recuerda a las peores organizaciones de nuestra cercana Italia, era evidente que todo lo instaurado durante décadas tuviera todas las papeletas de salpicar a la denominada como 'nueva política'. Sobre todo, cuando la poca implementación en algunos territorios ha llevado a forzar la llegada de tránsfugas de otros partidos.
Los siguientes casos de corrupción afectan a los dos nuevos partidos, aquellos que llaman a regenerar el sistema:
1 Ciudadanos
La formación de Albert Rivera ha vivido este martes 3 de julio la primera imputación de altos cargos de su partido por la concesión irregular de varios contratos de semáforos. Pero no se trata del primer escándalo de este tipo para la formación naranja:
Fernando Mut
El exlíder de la formación naranja en Valencia, Fernando Mut, se vio obligado a dimitir tras su imputación en el Caso Innova. El excoordinador general de la Comunitat fue procesado por el desvío de 6 millones de euros para un centro de innovación en Gandía.
Mut, arquitecto de profesión y exmiembro del Partido Popular, había participado del mencionado contrato cuando la formación conservadora controlaba la Generalitat Valenciana.
En el caso también se vieron involucrados otros miembros del PSPV como el exalcalde José Manuel Orengo. La formación naranja salió al paso con el siguiente comunicado: "Mut cumple así con el compromiso del partido, tal y como se refleja en los estatutos de Ciudadanos, por los que cualquier imputado en un caso de corrupción debe abandonar sus cargos públicos, sean electos o no".
Antonio Sánchez
El exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid) se vio obligado a dimitir tras su imputación en la Trama Púnica. "Ni es afiliado ni tiene relación con el partido", aseguró Ciudadanos en un comunicado. El exregidor había accedido al gobierno municipal en el año 2011.
Posteriormente, en el año 2014, Sánchez decidió presentarse en la lista de la formación naranja a las elecciones europeas. Ocupó el puesto 22 y desde C's aseguran que se presentó como independiente.
Tras su detención, Ciudadanos aseguró que respetaría el derecho de presunción de inocencia y añadió que no podía tomar ninguna medida disciplinaria porque no pertenecía al partido.
Juan María del Álamo
Imputado en la Trama Lezo, Juan María del Álamo permaneció como asesor del grupo municipal de Ciudadanos en Madrid, en el área de transparencia y participación, cuando su causa se encontraba abierta.
Álamo había formado parte del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón cuando ocupaba la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entre otros cargos, fue colocado en la cúpula del Canal de Isabel II cuando se produjo una millonaria adquisición, a través de un paraíso fiscal como Panamá, para comprar Inassa.
La sociedad se adquirió con un importante sobrecoste y supuso el inicio de la expansión de la empresa pública madrileña por toda América Latina. Ciudadanos aseguró entonces que su presencia era 'anecódotica' y que podría haber caído en cualquier otro grupo. Un día después de que el escándalo se publicara en los medios, Álamo abandonó el cargo que ostentaba desde el comienzo de la legislatura.
Jesús Alajarín Cascales
Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calasparra (Murcia), fue imputado por un presunto delito de infidelidad de documento público. Se trata de una causa que se incluye en la Ley de Transparencia de la Región de Murcia y que obligaría a que cualquier cargo público se viese obligado a dimitir.
A pesar de ello, la formación que mantiene al PP al frente de la región se negó a cesarle y él se negó a dimitir. Gracias a ello, Alajarín continua actualmente en su cargo, a pesar de todas las peticiones de dimisión.
Según las pesquisas policiales, el edil habría facilitado un documento público al grupo de Podemos en el Consistorio, a pesar de que no tenía autorización. "No es un caso de corrupción política, no se puede equiparar a un procedimiento judicial que venga derivado de un informe pericial, judicial o de la Fiscalía". El artículo 417 del Código Penal recoge penas de inhablitación para ostentar cargos públicos por estos delitos.
2 Podemos
La formación morada también ha sido protagonista en algunos escándalos de corrupción, sobre todo, a nivel local. Podemos se presenta en los ayuntamientos con marcas afines y nunca con su nombre oficial.
Somos Alcalá
Los cuatro concejales de Podemos en Alcalá de Henares (Madrid) fueron imputados por un presunto delito de prevaricación. Según indica la Fiscalía, los ediles habrían concedido en 2016 varias subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, vinculadas directamente a los cuatro concejales del grupo.
La formación morada participaba en el ayuntamiento socialista de la localidad, en una coalición en la que también participaba Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Todos han asegurado que "aportarán la documentación requerida".
Sin embargo, llama la atención que los cinco concursos en los que se concedieron contratos, fueron destinados para las asociaciones afines a los imputados. Se habían presentado 33 candidaturas.
Nerea Belmonte
La concejal morada en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, se vio obligada a abandonar Podemos por adjudicar contratos a varios compañeros de partido. El caso se centraba en varias concesiones que beneficiaron a la empresa de comunicación de varios conocidos. Contratos menores que, precisamente, no necesitan pasar concursos públicos.
La exedil de Acción Social y Vivienda fue expulsada inmediatamente del grupo Guanyar Alacant, pero se negó a abandonar su escaño. La formación apeló a que Belmonte había incumplido el Código Ético, en concreto, el artículo 3.8 por "participar directa o indirectamente" en las concesiones del Consistorio y el 3.7 por "contratar con una empresa constituida después de su toma de posesión, lo que genera el peligro de dependencias o clientelismo".
Belmonte también recibió un regale en forma de pase para asistir a la Madrid Fashion Week, que le "hizo una amistad en común con los socios" de la empresa a la que contrató. Por ello, pasó al Grupo Mixto, ya que se negó a dimitir, aunque ya no forma parte del partido.
Covadonga Peremarch
La diputada de Podemos en las Cortes Valencianas, Covadonga Peremarch, fue expulsada de la formación morada por inscribir a menores de edad en el censo de las primarias del Consejo Ciudadano de Alicante.
Peremarch también inició una campaña a través de cuentas falsas en las redes sociales para debilitar a algunos candidatos con los que no mantenía buena relación. Peremarch se negó a dimitir, por lo que pasó al Grupo Mixto del Parlamento regional.
La sanción de la Comisión de Garantías del partido contemplaba un año de suspensión de militancia e inhabilitación para ostentar cargos o representar a la formación.
