El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha confesado que el PP valenciano de Francisco Camps se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008, con Mariano Rajoy como candidato a la presidencia. Lo hizo mediante el pago de 2,2 millones en dinero negro de su Caja B a Orange Market, la empresa valenciada dirigida por 'El Bigotes', también imputado.
La declaración de Correa se produce unos días antes de que se inicie el juicio por la supuestafinanciación ilegal del PP de Valencia, por el cual la Fiscalía pide 24 años y medio de prisión al líder de la trama. Con el fin de rebajar la pena, Correa pretende llegar a un acuerdo con Anticorrupción. Para ello, según relatan sus abogados, está dispuesto a "esclarecer los hechos", e incluso ha ofrecido al Juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, desbloquear dos de sus cuentas en Suiza "para proceder a la reparación del daño causado", petición aceptada por el juez.
Admitir los hechos, la estrategia más utilizada
La intención de Correa es seguir los pasos de los nueve empresarios que ya admitieron el pasado febrero la financiación ilegal del partido a cambio de una reducción de las penas. Uno de ellos, Enrique Ortiz, pidió tras reconocer los hechos que se le aplicara el atenuante de "confesión tardía", equivalente a 15 meses de prisión, en lugar de los 4 años que exigía la Fiscalía.
Sea cual sea la pena con la que será castigado, se sumará a los 13 años de cárcel que Francisco Correa ya está cumpliendo actualmente por amañar los contratos del expositor de la Comunidad Valenciana en FITUR.
El PP valenciano, en el punto de mira
El juicio por la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana comenzará el lunes, 15 de enero, y constará de 22 sesiones hasta el 6 de abril, fecha prevista para su finalización.
En el banquillo se sentarán, además de Correa, otros 19 acusados, entre ellos el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, o 'El Bigotes'. También lo harán Ricardo Costa o Vicente Rambla, exdirigentes del PP, acusados de delito electoral, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
