Rafael Lambies, un administrador de fincas de Valencia, había decidido pasar la cuarentena de un modo... un tanto especial. Cuando se declaró el estado de alarma, se encontraba en isla de s'Empalmador, un islote deshabitado situado entre Ibiza y Formentera, por lo que tuvo una idea.
Desde entonces, Lambies había pasado el confinamiento habitando en un barco de 15 metros cuadrados, convertido en su residencia y oficina, desde donde ha practicado el teletrabajo. Además, aprovechaba la particular situación del islote, donde no hay nadie residiendo, para darse algún que otro paseo o un baño en el mar. Nadie le decía nada: no había nadie ni riesgo de contagio, puesto que encontrarse en este peque´ño paraíso mediterráneo ya es, por su situación, el escenario de una particular cuarentena.
Poco después, los medios avisaron de que las personas que estaban pasando la cuarentena fuera de sus residencias oficiales tenían que avisar a las autoridades. Fue en ese momento cuando se registró en la isla como residente temporal y alertó de su posición, en coordenadas, a Salvamento Marítimo.
Rápidamente empezaron algunas molestias. Le pidieron que regresara a su vivienda de Valencia, que no se podía pasar la cuarentena en un barco fondeado en un lugar sin permiso (a pesar de que se había registrado). Sin embargo, no le prestaron mucha atención y le dejaron allí durante un mes, donde nadie se estaba percatando de su situación.
Una orden de la Delegación del Gobierno
Durante las últimas semanas, según el propio Lambies, un barco procedente de Canadá con una familia se había instalado también en la isla. Ambos se comunicaban por teléfono y se repartían por tiempos el islote para bañarse o pasear. Y aquí empezaron los problemas.
Con temor de que se produjera un efecto llamada y sin olvidar que se trata de un lugar protegido, la Delegación del Gobierno ordenó a la Guardia Civil, casi un mes después, que se acercara al barco de nuestro protagonista, le avisara de que estaba incumpliendo el estado de alarma y que se estaba arriesgando a una sanción si no volvía a Valencia.
De repente, su plan de bajar a Formentera cada veinte días a por víveres se desmoronó. Lambies, de 54 años, se ha visto obligado a volver a Valencia, una decisión que le preocupa porque ve más posibilidades de contraer el coronavirus en una gran ciudad, aún estando confinado, que en un islote deshabitado en mitad del Mediterráneo.
"Es muy curioso que estando en una isla desierta te prohíban bajar a tierra cuando la intención del legislador es evitar la propagación del coronavirus entre personas", se lamenta Lambies. Sin embargo, la patronal del sector náutico Anen considera que la navegación esta prohibida de manera implícita al no permitir la circulación por vías de uso público.
