La consecución del procés ha terminado con la mitad del Govern en prisión y cuatro consellers junto con el president viviendo en Bruselas. Para todo ello, fue fundamental el apoyo de la CUP, un socio de cara al público, al que miraban con mucho recelo en privado: "Estamos apoyando unos presupuestos con unos socios a los que el mundo real les importa una mierda".
Las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, a través de los correos electrónicos enviados entre personalidades del Govern dan buena muestra de ello y aportan luz a lo que sucedía dentro del Palau de la Generalitat.
El correo que ha llamado la atención de los investigadores está escrito por el ex secretario de Hacienda, Josep María Jové (detenido en el marco de la investigación) el pasado domingo 18 de junio. Jové acostumbraba a encriptar sus escritos, pero en esta ocasión decidió no hacerlo, tal y como señala el diario El Mundo.
"Durante la negociación de los Presupuestos, nos hemos tenido que comer muchas cosas insensatas y muy imprudentes. Hemos asumido hacer un impuesto sobre bedidas azucaradas sin trámite de audiencia específico con los sectores afectados y calendarios imprudentes", asegura Jové. Reconoce, con ello, que el Ejecutivo autonómico se saltó todos los procedimientos legales con el único fin de contentar al partido que les sostiene en el Gobierno.
Sin embargo, las autoridades se centran en la siguiente afirmación: "Lo hemos hecho en contra de los informes internos sobre que esto no se sostenía por ningún lado y que mearíamos sangre después". Aprecian en ello un posible delito de prevaricación, ya que actuaron a sabiendas de que estaban cometiendo un delito, según los escritos.
Las palabras hacen referencia al impuesto sobre las bebidas azucaradas, que entró en vigor el pasado 20 de junio con el apoyo explícito de la CUP que, según se desprende de los mensajes, pudo ser fundamental para que los trámites se acelerasen: "Lo que hemos hecho con las bebidas azucaradas no lo haremos nunca más. Ha sido un error y principalmente un error mío, por haber creído que un impuesto que llevábamos trabajando cuatro años en la casa estaba suficientemente maduro. No lo estaba".
Tensiones con pequeñas empresas
La aprobación de la medida también había provocado tensiones con los sectores económicos, ya que a pesar de que "nos la trae floja que se cabree Coca Cola" (sic), "no nos sucede igual con los pequeños contribuyentes o los distribuidores".
Mientras que se criticaba todo el proceso en privado, el president Carles Puigdemont defendía la gestión: "Va todo bien, está siendo un éxito colosal gracias al esfuerzo de mucha gente en muy poco tiempo".
Todo ello se une a la aprobación del impuesto sobre vehículos contaminantes que, en realidad, esperaba que tumbara el Constitucional: "Hemos aprobado un impuesto sobre vehículos contaminantes sin tener el censo y es por tanto inaplicable. Hemos repetido multitud de veces que corríamos un alto riesgo. Espero que el Constitucional lo suspenda porque si no, haremos un ridículo espantoso".
La tasa sobre las bebidas azucaradas fue finalmente aprobada, a diferencia del impuesto sobre vehículos contaminantes, que quedó paralizado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
