El error de Alberto Casero, diputado del PP, en la votación de la reforma laboral hizo que esta se aprobase y que su nombre pasase a estar en todos los medios de comunicación. Su protagonismo ha hecho que afloren las investigaciones en las que está implicado , unas investigaciones relativas a la época entre 2011 y 2019 en la que fue alcalde de Trujillo (Cáceres).
Fue en esta localidad cuando hace tres años el PSOE consiguió recuperar el Ayuntamiento y se encontró con una deuda de siete millones de euros y además con varios empresarios y autónomos que reclamaban el pago de servicios con facturas "sin reconocimiento de gasto, sin expediente, sin registro de entrada y sin saber en base a qué llegan esas reclamaciones", explican fuentes municipales.
En ese momento, el Ayuntamiento se negó inicialmente a pagar a los empresarios que reclamaban este dinero, ya que no había expediente que justificase por qué había que pagarles. De este modo, los empresarios afectados decidieron acudir a la Justicia, que les dio la razón y el Ayuntamiento se ha visto obligado a ir abonando estas facturas.
Por todo esto, el alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, decidió dar traslado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de todas las facturas y un año después se inició una investigación por prevaricación continuada contra Alberto Casero por saltarse la Ley de Contratación del Sector Público, es decir, no cumplir con los medios legales para la contratación de servicio público y dispensar dinero público sin documentos que lo justificaran. El caso está todavía en investigación y Fiscalía aún tiene que confirmar si eleva el caso al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del diputado del Partido Popular.
Contratos a dedo
Según la investigación, la mayoría de los contratos son menores de 15.000 euros más IVA, hechos así "seguramente con el objetivo de adjudicarlos a dedo", aunque también existen "contratos fraccionados, en todos los casos sin el procedimiento administrativo correcto y con reparos del interventor municipal".
Este tipo de contratos son una constante en los casos de corrupción, ya que cuando los cargos públicos quieren realizar contratos a dedo recurren a dos formas: contratos menores de 18.000 euros, el cuál es el máximo que la ley permite dar a dedo, o dividir grandes licitaciones en pagos más pequeños.
En este caso, se contabilizan una veintena de contratos en esta situación entre las que destacan la celebración de unos Premios de Música y Artes que organiza la asociación cultural Bon Vivant por valor de 56.628 euros o una factura de 15.000 euros de una asesoría de turismo contratada para promocionar el municipio y cuyo único trabajo fue "meter tres fotos de Trujillo en una guía turística que se ha repartido por Extremadura", según las fuentes municipales.
Asimismo, en estos contratos también se encuentran los relativos a la contratación de un psicólogo, Pablo Bonilla, que fue contratado en 2017 para atender a víctimas de violencia de género pero según las investigaciones nunca ha atendido a ninguna mujer. En este caso, de nuevo, el contrato fue de 18.000 euros con IVA. En ningún momento se aportó al Ayuntamiento y según las fuentes municipales "nuevamente no se aprobó el gasto porque no existe el expediente".
Cabe destacar también en la investigación que durante la última etapa de Casero como alcalde sus gastos se dispararon. La partida de protocolo se disparó hasta los 4.000 euros mensuales y en seis meses el Ayuntamiento gastó 1.175.000 euros que se habían ingresado por las plantas fotovoltaicas en un momento "justo antes de las elecciones".
