Quirón Prevención SL, filial del grupo sanitario Quirón, ha visto incrementar significativamente sus contratos con la Comunidad de Madrid desde que Alberto González Amador, consultor de Quirón y pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, oficializó su relación en 2021. González Amador también está siendo investigado judicialmente por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha adjudicado a Quirón Prevención contratos y prórrogas por un valor de 1,8 millones de euros entre 2017 y 2020, y casi 3 millones de euros desde que González Amador y Ayuso hicieron pública su relación. El incremento de los ingresos de González Amador procedentes de Quirón Prevención ha sido notable, pasando de 275.273,83 euros en 2020 a 1.049.500 euros en 2021.
Contratos
Los contratos más importantes de Quirón Prevención con la Comunidad de Madrid incluyen el servicio de reconocimientos médicos del personal de la región, adjudicado en 2018 y prorrogado en 2021 con un importe que duplicaba al original, casi medio millón de euros. Quirón Prevención también ha ganado otros contratos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
A medida que Quirón Prevención ha incrementado sus contratos con la Comunidad de Madrid, González Amador también ha visto multiplicados sus ingresos procedentes de la empresa. Los portavoces de Quirón han atribuido el aumento del volumen de negocio al "incremento de auditorías y consultorías en clientes de Latinoamérica".
La oposición ha cuestionado la relación entre los vínculos personales y las decisiones políticas en torno a estos contratos, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que todos los procedimientos han seguido los requisitos legales y se basan en criterios técnicos y de servicio público.
Seis contratos de emergencia
De esta manera, Fuentes de Hacienda han explicado que el segundo contrato se otorgó en solitario después de que una anterior convocatoria quedara desierta, aunque no se ha explicado por qué se otorgó el mismo servicio por el doble de importe en esta segunda ocasión.
Quirón Salud, la matriz del grupo dedicada a la sanidad, también recibió seis contratos de emergencia durante la pandemia. Estos contratos, que se utilizaron para traer mascarillas y material sanitario en 2020, son legales pero tienen menos garantías debido a la ausencia de controles y publicidad asociada.
Entre los servicios contratados mediante este procedimiento excepcional se encuentran la coordinación de seguridad para la reforma de la sala de rayos X y la sala de autopsias en el Hospital de Alcorcón, valorados en 800 y 1.500 euros respectivamente, y encuestas de seguimiento de casos de COVID, por las que la Consejería de Sanidad pagó 194.000 euros a Quirón Prevención.
Otros vínculos
Además de ejercer como consultor, González Amador mantiene otros vínculos directos con Quirón Prevención SL a través de Fernando Camino, que es el presidente de la empresa sanitaria. Camino creó en 2008 la empresa Masterman & Whitaker, que en 2020 compró Amador y que está bajo sospecha por haber sido utilizada como sociedad pantalla por la pareja de Ayuso precisamente para facturar los trabajos de Quirón Prevención. Otro lazo entre ellos es la comisión de dos millones que consiguió la pareja de Ayuso por la venta de mascarillas a la empresa Mape, una compañía que tiene en su consejo de administración al citado directivo de Quirón, Fernando Camino.
Niega gestiones
El grupo Quirón ha especificado que Quirón Prevención recibió 1,4 millones de euros en 2021, 1,1 millones en 2022 y 1,5 millones en 2023 de todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluyendo universidades que no aparecen en el portal de contratación debido a su autonomía. Además, Quirón ha facilitado datos sobre las adjudicaciones a nivel estatal, que ascienden a 106 millones de euros entre 2021 y 2023 e incluyen ministerios, Renfe, Agencia Tributaria y el Consejo General del Poder Judicial.
Cuando elDiario le preguntó si su consultor, Alberto González Amador, realizó gestiones para las adjudicaciones en la Comunidad de Madrid, un portavoz del grupo Quirón respondió de forma tajante: "No".
