La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha determinado que la contratación a dedo en 24 ocasiones durante cuatro años por parte del ayuntamiento de Calatayud al cuñado del alcalde no se entiende como un caso de corrupción. El regidor, José Manuel Aranda (PP), contrató a su cuñado R.G.M., que ejerce como abogado, para defenderles en una serie de pleitos entre los años 2019 y 2022. Eso sí, sin la realización de ningún concurso. Para la Fiscalía no existen indicios de negociaciones prohibidas a funcionarios o de prevaricación.
R.G.M. es director de un despacho de abogados de gran importancia y que tiene su sede en la pequeña localidad zaragozana donde ocurren los hechos. Este despacho aparecería en los medios, ya que actuó como defensa en un juicio en el que se acusaba de haber atentado contra una patrulla de la Guardia Civil a Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco.
A lo largo de estos años, gracias a las 24 ocasiones en las que fue contratado, recibió una cantidad total de 30.950 euros, obteniendo unos beneficios netos de 25.842 euros, ya que las retenciones del IRPF llevaron a las arcas del estado 5.108 euros. Todos estos ingresos los fue recibiendo a lo largo de estos cuatro años en los que ocurren los hechos. En 2019 ingresaría 4.476 euros, un año más tarde otros 5.808, en 2021 llegaría a los 18.367 y a los 2.299 en este mismo año. La cantidad total de estos ingresos los facturaría R.G.M. no como servicio de despacho, sino como profesional independiente.
La denuncia expone que el ayuntamiento realizó de manera personal y directa una encomienda personal a R.G.M. para que interviniera en una serie de procesos judiciales para defender al consistorio, sin realizar ninguna clase de procedimiento de contratación, solo a través de la relación familiar que existía entre el alcalde y el abogado en cuestión. De los dos datos que se exponen en la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Provincial solo constata el hecho de que esta contratación fuera incitada por la relación entre los dos sujetos, no pudiéndolo hacer así con el primero de los datos, acerca del proceso de contratación.
Cobertura legal para contratar a dedo
Según el dictamen realizado por la Fiscalía de Zaragoza, se permite la contratación a dedo a cualquier abogado que vaya a defender al consistorio, si cobra una cantidad igual o inferior a 5.000 euros por cada pleito: "Cuando el valor estimado del servicio de defensa del Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que se solicita a cualquier despacho en cualquier procedimiento no exceda de 5.000 euros (...) no se requería ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional más allá de la propuesta de gasto firmada por la concejal-delegada y la presentación de la factura".
Este procedimiento judicial queda cerrado de esta manera, dejando a la localidad de Calatayud con solo otra investigación que lleva meses en manos de la Fiscalía, también relacionada con la gestión municipal. En concreto por otro tema de adjudicación a dedo de contratos públicos a una empresa de señalización vial, Transfer, en la cual actúa como jefe de producción Héctor Sarria, concejal de movilidad del Partido Popular.
