El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas en la gestión de arrendamientos.
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La inmobiliaria, que opera en toda España, está siendo investigada por imponer condiciones que podrían vulnerar la Ley de Vivienda, como exigir a los inquilinos la contratación de seguros o cobrarles gastos de gestión que la normativa prohíbe.
Un expediente enmarcado en una investigación más amplia
La Dirección General de Consumo inició en octubre una investigación sobre las prácticas de distintas inmobiliarias tras recibir quejas del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU.
Las denuncias apuntan a cobros indebidos por la gestión del arrendamiento, la imposición de seguros obligatorios y otros servicios no solicitados por los inquilinos, en contra de lo estipulado en la ley vigente.
El expediente contra Alquiler Seguro es una de las primeras consecuencias de estas pesquisas, aunque no se descarta que otras empresas puedan enfrentarse a procedimientos similares. La apertura del expediente no implica un fallo definitivo, pero si se confirman las irregularidades, las sanciones podrían ser elevadas.
Para las infracciones graves, las multas pueden llegar a los 100.000 euros y, en los casos muy graves, hasta el millón de euros. Además, en ambos supuestos, la penalización podría incrementarse hasta ocho veces el beneficio obtenido de forma ilícita.
Respuesta de la inmobiliaria
Desde Alquiler Seguro defienden la legalidad de su actividad. Su CEO, David Caraballo, ha asegurado que la empresa "cumple la normativa a rajatabla y lo ha hecho durante los últimos 17 años". No obstante, ha indicado que analizarán el expediente y, si es necesario, revisarán sus procedimientos para ajustarse a cualquier interpretación de la ley.
Caraballo ha explicado que la compañía cobra dos mensualidades como garantía, argumentando que este pago cubre servicios como la protección contra impagos y otras garantías para los propietarios. Según él, este cobro no equivale a los honorarios de gestión que la ley prohíbe trasladar a los inquilinos. Además, ha subrayado que todos sus servicios y condiciones están publicados en su página web con total transparencia.
Un refuerzo en la vigilancia del sector
El caso de Alquiler Seguro no es el único en la mira de Consumo. En diciembre, el Ministerio ya inició un procedimiento sancionador contra una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por mantener anuncios que incumplían la normativa de protección al consumidor.
En febrero, también se abrieron expedientes a empresas que gestionan este tipo de alojamientos por presuntas prácticas engañosas, como simular que los arrendadores eran particulares cuando en realidad se trataba de compañías.
