Las cárceles de España siguen sin ser del todo seguras para las personas que son condenadas a vivir un determinado tiempo en ellas. Es lo que esboza un informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. Tras una visita de una delegación a diferentes comisarías y prisiones del territorio nacional, han concluido que existe aún trato "degradante" de los funcionarios hacia los detenidos.
Asimismo, ha encomendado al Gobierno de Mariano Rajoy a que elimine de la legislación española el régimen de detención incomunicada. Según el Consejo, este tipo de prácticas no debería existir. Pese a mostrarse totalmente contrario a ella, los documentos aseguran que se ha avanzado algo desde la última visita de 2013 puesto que este sistema no se ha aplicado ni en 2015 ni en 2016, aunque todavía continúa en la legalidad española.
Prácticas abusivas
En el informe elaborado durante el desplazamiento a España entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre, el CPT mostró su preocupación por el excesivo uso de prácticas que deberían ser utilizadas como último recurso. Según la delegación que estuvo en diferentes cárceles del país, todavía en las prisiones se inmovilizaban a los presos "durante largos periodos sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado".
El informe asegura que estas prácticas habituales se realizaban incluso con reos que tenían algún tipo de diversidad funcional mental. "Esta práctica podría suponer trato inhumano o denigrante", se afirma de manera contundente en los escritos realizados. Asimismo, el CPT afirma que no se han aplicado las recomendaciones que ya hicieron hace cuatro años "para regular debidamente la inmovilización".
Por otra parte, el informe señala su preocupación por los continuos casos de denuncias de abusos que han recibido durante su visita, así como episodios de violencia entre los prisioneros o algunos en los que se infligían daño a sí mismos. "La delegación recibió ciertas acusaciones creíbles sobre uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, una vez que la persona en cuestión ya estaba reducida". Entre los supuestos abusos cometidos por parte de los agentes detallan bofetadas, puñetazos y golpes en diferentes partes del cuerpo como pueden ser la cara, las piernas o los tobillos.
Resulta especialmente llamativa esta denuncia por parte del CPT ya que recientemente se ha cuestionado la actuación policial después de que diferentes furgones de los agentes trasladaran al exvicepresident Oriol Junqueras y varios exconsellers a la prisión de Estremera (Madrid). El abogado de los exconsellers y de Junqueras anunció que presentaría una demanda debido al supuesto maltrato al que fueron sometidos los acusados durante este traslado, "un punto negro" según relató el letrado.
Medidas a poner en marcha
El informe encargado por el Consejo de Europa ha puesto blanco sobre negro en las deficiencias existentes dentro del sistema penitenciario español. Para corregir estos desajustes y supuestos casos de maltrato cometidos por el funcionariado de las prisiones, el CPT aboga por utilizar la fuerza "estrictamente necesaria", sin excederse en el trato.
Asimismo pide no ajustar de manera excesiva las esposas; dar una copia de los derechos fundamentales a los detenidos; otorgar a los apresados la posibilidad de visitar un médico e instalar luz natural en las nuevas celdas que se construyan.
Entre las "recomendaciones" hechas también piden mantener la limpieza en las celdas de las comisarías; respetar la proporcionalidad en los castigos; respetar a los transgéneros y prohibir que los régimenes de aislamiento superen los 14 días, son algunas de las más de cincuenta medidas transmitidas en su informe y que se podrían llevar a cabo para mejorar la estancia de los prisioneros.
Para garantizar la seguridad de los encarcelados, la comisión solicita al Gobierno que los jueces encargados de vigilar las instancias penitenciarias sean "independientes e imparciales" y que no se dediquen únicamente a firmar los documentos, olvidando la principal función para la que fueron admitidos en el cargo.
Entre los datos positivos, destacan la reducción de las plazas ocupadas en las cárceles españolas. En el año 2007, el porcentaje de ocupación alcanzaba el 142%. Sin embargo, nueve años más tarde, la cifra descendía un 62% y se situaba en el 80%, con 60.309 presos para 70.965 plazas existentes.
Esta comisión del Consejo de Europa visitó las cárceles de León; Puerto I, II y III de Cádiz; Sevilla II; Soto del Real en Madrid -prisión en la que ha estado Ignacio González hasta que fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 400.000 euros-; Teixeiro en La Coruña y Villabona en Asturias. Asimismo, se personaron en diferentes comisarias de la Policía en La Coruña, Cádiz, Madrid, Oviedo, San Fernando y Sevilla. Los centros de menores de Tierras de Oria en Almería y Sograndio en Asturias también fueron visitados.
