La UE tiene un serio problema con la Hungría de Víktor Orbán y la Polonia de Jaroslaw Kaczynski. Ambos mandatarios fueron determinantes para que Ursula Von der Leyen fuera elegida como presidenta de la Comisión Europea en detrimento de Frans Timmermans, considerado por ambos dirigentes como el látigo del artículo 7 (aquel que castiga a los países que violan los valores fundamentales de la UE).
El problema es que Hungría y Polonia están viviendo una auténtica deriva autoritaria que pone en cuestionamiento, más que nunca, la salud de su estado de derecho. La situación es tan crítica que el Partido Popular Europeo (PPE) ha suspendido de militancia a Orbán y se plantea su expulsión. Pero la situación no es fácil.
Tanto los populares como Von der Leyen viven una situación tensa con estos países. ¿El motivo? Que sus líderes inicien un proceso para abandonar la Unión Europea y que se acerquen definitivamente a la órbita de Moscú, lo que pondría más en cuestionamiento que nunca la superviviencia del proyecto europeo. En ese contexto, Von der Leyen ha pedido tender puentes hacia el Este (sin que nadie se olvide de quién depende su presidencia), pero las maneras y el tono no están gustando a las organizaciones en defensa de los derechos humanos.
¿El motivo? Los temores de Bruselas están generando un auténtico coladero que permite a Orbán y Kaczynski avanzar en su control de todos los órganos de poder en sus respectivos países, incluidos la Justicia y los medios de comunicación. Y, con ello, limitar la capacidad de expresión de los disidentes.
Uno de esos ejemplos se vivió en Polonia el pasado mes de diciembre, cuando decenas de académicos polacos y representantes de ONG rogaron la suspensión de las últimas reformas judiciales que se preparan en el país. Se trataba de una medida análoga a la que se realizó en 2018, cuando Timmermans frenó en seco una reforma que pretendía forzar a la jubilación anticipada a gran parte del poder judicial. En esta ocasión, sin embargo, el gesto ha sido diferente: una carta de la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova (actual encargada de la vigilancia del Estado de Derecho) en la que se reclamaba paralizar la tramitación de la reforma: menos de 24 horas después, esa reforma fue aprobada.
Esa medida ha generado un movimiento en Europa, denominado como la 'marcha de las mil togas', donde destacados miembros de la judicatura han pedido garantizar la independencia de la Justicia en Polonia, que consideran amenazada en estos momentos. Y piden apoyo a la Comisión Europea. Pero por el momento ha ignorado todas las peticiones.
Los guiños de Von der Leyen hacia Polonia y Hungría, los líderes del denominado Grupo de Visegrado, están creando la sensación de un refuerzo a la hora de continuar en una senda calificada por muchos analistas como "antidemocrática". A ello se suma las fuertes victorias del Fidesz de Orbán y del PiS (Ley y Justicia) de Kazcynski, lo que deja a la Comisión en situación de debilidad a la hora de exigir las reformas necesarias para garantizar el Estado de Derecho.
"La democracia se está muriendo en Polonia y en Hungría"
Lejos de castigar las derivas autoritarias de estos gobiernos, Von der Leyen ha cedido cuatro carteras potentes al Grupo de Visegrado: Agricultura para Polonia, Ampliación para Hungría, la vicepresidencia de Valores fundamentales y Transparencia para la República Checa y la vicepresidencia de Relaciones Institucionales para Eslovaquia.
El objetivo sobre el papel, en todo momento, es la mayor integración posible en el Este con el objetivo de unir a la UE y crear un dique de contención frente al expansionismo de la política internacional que está impulsando Vladimir Putin.
Sin embargo, cabe valorar el coste: "La democracia se está muriendo en Polonia y Hungría", ha alertado la eurodiputada liberal Sophie in 't Veld en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo.
El socialista Juan Fernando López Aguilar, que preside la citada Comisión, también ha señalado una larga lista de potenciales infracciones e "interferencias políticas en el Tribunal Constitucional" que están acabando con las libertades democráticas en Polonia.
Dentro de la Comisión surgen voces que piden reenfocar la línea con la que se actúa contra estos países y que no se limite a la retórica que parece empender Von der Leyen en medio de las críticas. Entre otros puntos, la suspensión de los fondos estructurales para los países que violan el Estado de Derecho o un nuevo mecanismo de vigilancia general.
La eurodiputada de los Verdes Terry Reintke ha descrito qué sucede en Polonia y Hungría: "Siempre es el mismo proceso. Primero van a por los medios de comunicación, después invocan una amenaza externa, normalmente, de gente con otra religión y por último convierten en amenaza interna a los grupos sociales que discrepan de su visión". Eso, a su juicio, "les funciona".
