Ciudadanos quiere que el Gobierno prohíba el sacrificio de las mascotas abandonadas por el simple hecho de no encontrar un dueño. En la actualidad, tan solo Madrid y Cataluña (esta última, de manera menos explícita) descartan por completo el sacrificio de un animal por este hecho. Además, se contempla la prohibición de usar a los animales como reclamo comercial en los escaparates de las tiendas.
Cada año, 14.000 mascotas mueren en los centros de animales después de haber vagado por la calle por el abandono de sus dueños. Según la Comunidad Autónoma en la que se encuentren, pueden salvar su vida... o no. La mayoría establece un plazo de entre 48 horas y 30 días para hallar un voluntario que quiera llevarse el animal a su casa.
Si esto no sucede, los responsables del centro proceden a aplicar la eutanasia. Se apoyan en que, si no ejecutasen esta medida, las instalaciones se encontrarían totalmente colapsadas. Sin embargo, desde el Partido Animalista recuerdan que "terminar con el sacrificio de miles de animales es más barato que pagar el proceso de acabar con sus vidas".
Alrededor del 10% de las 140.000 mascotas abandonadas acaban siendo asesinadas. En la Comunidad de Madrid, sin embargo, hay una completa anmistía para todas ellas. La ley aprobada el pasado mes de julio de 2016 especifica claramente lo siguiente: "No se podrá sacrificar animales por el simple hecho de su permanencia en centros de acogida, ni en otros centros para el mantenimeinto temporal de animales de compañía, independientemente del tiempo transcurrido desde su entrada en los mismos".
Sin embargo, si el animal se pierde en Murcia, su suerte puede ser muy distinta: en tan solo dos días será sacrificado. La asamblea regional estudia ahora ampliar el plazo a diez, pero aún se quedaría lejos del mes completo que otorga el País Vasco para que cada mascota abandonada pueda salvar su vida.
Ciudadanos pretende, con esta iniciativa, que los animales no tengan distinta suerte según el territorio en el que han sido abandonados. Consideran que la actual situación provoca "importantes vacíos legales, diferencias y carencias graves en lo referente a su protección", tal y como han señalado en su propuesta. Sin embargo, habría que valorar la manera en la que se custodian todos los animales que no podrían absorber las diversas "perreras" municipales.
Y es que son precisamente los ayuntamientos (o en su defecto, los organismos supramunicipales en el caso de las localidades pequeñas) los encargados de recoger, custodiar y en el caso necesario, sacrificar, a los animales que se encuentran en la vía pública, siempre cumpliendo las normas autonómicas.
Las diferencias entre territorios son notables: Murcia deja tan solo dos días, Asturias y Navarra permiten ocho; Andalucía, Aragón, Canarias y Valencia, dejan dos semanas; y Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Extremadura permiten 20. Además, País Vasco y Castilla y León piden que se haga lo "razonablemente posible" para evitar la muerte de los animales. Sin embargo, en todos los casos se contempla la eutanasia, y suele ser la vía a la que acuden cuando se encuentran en dichas situaciones.
El partido animalista PACMA, mientras tanto, considera que la iniciativa es insuficiente y que no contempla otras propuestas de maltrato animal como "los festejos taurinos, y las tradiciones crueles, el cierre de circos, zoológicos y delfinarios, el sacrificio y comercio con animales o el fin de la caza". Con ello, consideran que hace falta una "ley con mínimos de bienestar para todos los animales, no solo para las mascotas".
Cambios legislativos
Mientras se valora la creación de una posible ley nacional que salve la vida de los animales, las diferentes comunidades autonómas ya plantean nuevos marcos que, sin embargo, no acaban con el sacrificio de los animales.
Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García Page, ha preparado una nueva ley de Bienestar Animal que plantea como objetivo el "sacrificio cero", pero que lo contempla en un solo contexto: "Una vez conseguido el abandono cero estaremos en condiciones de asegurar y proclamar abiertamente el sacrificio cero". Sin embargo, especifica que la muerte del animal deberá producirse únicamente cuando "no fuera posible atenderlos más tiempo", aunque se trata de un criterio muy subjetivo que dejaría a cada centro "vía libre" para establecer sus propias normas.
Por otro lado, Galicia, presidida por el popular Alberto Núñez Feijóo, propone que para evitar la saturación de los centros se creen "hogares de acogida" particulares en los que los ciudadanos se presten de manera voluntaria a cuidar a los animales abandonados hasta que encuentren un nuevo hogar definitivo. Además contempla que "el sacrificio o la eutanasia sean el último recurso por motivos de sufrimiento o afección de su bienestar; así como por salud pública", aunque igualmente no establece plazos y posibilita que cada centro aplique la norma de la manera en la que mejor lo considere oportuno.
Madrid, mientras tanto, ha tasado en un millón de euros su nueva norma, con la que pretende dotar de mayores medios a los centros en los que permanecen los animales abandonados, con el fin de que ninguno sea sacrificado. Las organizaciones animalistas recuerdan que salvar la vida de un animal sale más barato que sacrificarlo. Y que además se están contratando empresas para que ejecuten a los animales que no cuentan con ningún tipo de dilema ético en sus acciones. Se calcula que, en concreto, cada animal recogido necesitaría 200 euros en manutención para salvar su vida.
