El pleno del Congreso dio luz verde a la ley que regulará la eutanasia, que ahora pasa al Senado. Según se dilate allí su tramitación, la ley podría entrar en vigor de forma definitiva en febrero o marzo, convirtiendo a España en el sexto país del mundo en regularizar la muerte digna, por detrás de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda
La propuesta impulsada en su día por el PSOE ha obtenido un amplio respaldo, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Más allá de la mayoría que normalmente apoya al Gobierno, a la que se han sumado Ciudadanos, Junts per Catalunya y la CUP. Solo la derecha (PP, VOX y Unión del Pueblo Navarro) se ha opuesto a la ley.
"Es una demanda transversal de la sociedad", ha destacado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha aplaudido el apoyo conseguido en la Cámara "por encima de las diferencias ideológicas", lo que prueba, según él, que España es una "sociedad democrática y madura". "No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable", ha enunciado.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha defendido el apoyo de su partido a la eutanasia asegurando que es un "honor" apoyar una ley que va a influir directamente en la vida de las personas. "Somos liberales y estamos a favor de la libertad", ha señalado, lanzando un mensaje a los opositores a la norma para que "no caricaturicen" su contenido.
Desde la derecha, el PP ha rebajado el tono y ha insistido en que esta sería innecesaria si se regulasen los cuidados paliativos. VOX, por su parte, ha mantenido el discurso radical y su diputada Lourdes Méndez-Monasterio ha llegado a decir que la norma instaurará en España "la industria de la muerte". La eutanasia supone la "destrucción de nuestra cultura", ha sentenciado, lamentando que la ley se aprueba "cuando el mundo va a celebrar el nacimiento del hijo de Dios".
? El #Pleno aprueba por mayoría absoluta el dictamen sobre la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la #eutanasia, que será remitida al @Senadoesp.
— Congreso (@Congreso_Es) December 17, 2020
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Ley de eutanasia en España
El texto, impulsado por el PSOE, introduce en el ordenamiento jurídico "un nuevo derecho individual", el derecho a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento "que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios". Se ampara así la autonomía y la libertad del paciente, razona la norma, porque "no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad" de la persona.
La norma regulará tanto la eutanasia (la administración consentida de fármacos a alguien que no puede valerse por sí mismo para acabar con su vida) como el suicidio asistido (la puesta a disposición de estas sustancias para que el paciente acabe con su propia vida).
Para hacerlo, el solicitante deberá ser mayor de edad y de nacionalidad española, o, en su defecto, haber residido en España durante los últimos 12 meses. Y solo podrá recibir ayuda para morir si sufre "una enfermedad grave e incurable" o "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que le impida valerse por sí mismo o que conlleve "un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
Una vez solicitada la eutanasia, el médico debe comprobar en un plazo de 48 horas si el paciente cumple los requisitos y, si es así, facilitarle tanto verbalmente como por escrito información sobre "su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos". Si después de 15 días el paciente quiere seguir con el proceso, deberá manifestarlo por escrito y el médico tendrá una segunda conversación con él para aclararle dudas. 24 horas después de esta segunda deliberación, el paciente tendrá que ratificar de nuevo si desea continuar con la eutanasia o no.
Si el paciente mantiene su decisión, su caso pasa a manos de un segundo médico, encargado de corroborar en un plazo máximo de diez días que el enfermo cumple los requisitos para recibir ayuda para morir. Si da luz verde, el expediente pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación de la comunidad autónoma, donde un médico y un jurista verificarían si se cumplen los requisitos.
Cabe destacar que si el médico certifica que el paciente "no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad", únicamente se podrá administrar la eutanasia a quienes así lo hayan dispuesto "con anterioridad en un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes".
Además, esta ley establece que los médicos puedan alegar objeción de conciencia de forma anticipada y por escrito, y la administración establecerá un registro de objetores para excluirlos de estas prácticas.
