Con el voto en contra de PP y VOX, el Congreso de los Diputados ha aprobado en el Congreso de los Diputados que el edificio de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, que actualmente alberga la sede de la Comunidad de Madrid, sea declarado lugar de Memoria Democrática.
Este edificio albergó durante el franquismo las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS), un centro de torturas y represión contra disidentes y presos políticos donde se asesinó a personas represaliadas y se vulneraron continuamente los derechos fundamentales de los detenidos.
La iniciativa ha partido de Sumar, presentada en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, similar a la que ya emprendió el PSOE en marzo, y ha salido adelante con 19 votos a favor y 18 en contra, puesto que PP y VOX se han posicionado en contra de recordar a las víctimas torturadas por el franquismo en este lugar.
La formación de Yolanda Díaz recuerda en su propuesta que la antigua Real Casa de Correos albergó las dependencias de la Dirección General de Seguridad y la Brigada General de Información y que se realizaron torturas en sus dependencias.
En este "centro de torturas", recuerda el texto, "pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen".
Aplicación de la Ley de Memoria Democrática
La aprobación de esta iniciativa exige la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que implica colocar una placa con los nombres de las víctimas, acompañadas del de las organizaciones que militaban con el objetivo de honrar a quienes allí sufrieron "violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia".
La propuesta indica que este movimiento implica un "paso más" en la reparación de las víctimas de la dictadura y "homologaría" a la ciudad de Madrid con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y fascismo, donde hay placas que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación.
La moción también incluye un acto específico para la "rehabilitación democrática" de una persona torturada en los calabozos de la DGS, Julián Grimau, que fue condenado a muerte y de cuyo fusilamiento se cumplieron 60 años en 2023.
Además, se insta a colocar una placa en su memoria, aunque se emplaza al edificio del Senado, en la calle del Reloj, donde estaba ubicado el Tribunal Militar donde se le juzgó, en un proceso que estaba "plagado de irregularidades incluso con las leyes franquistas de la época".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se manifestó en contra de colocar una placa a las víctimas de la dictadura, aunque reconoce que sí hay espacio para honrar a los Héroes del 2 de mayo de 1808, a las víctimas del 11-M y a los muertos por la pandemia. La líder del Ejecutivo madrileño consideraba entonces que recordar a los represaliados de la dictadura divide a la sociedad.
