El 'desfile' de exaltos cargos del Partido Popular está provocando ciertas tensiones en Génova en torno a las confesiones de los arrepentidos de la antigua cúpula o personas relacionadas con la formación conservadora.
La última acusación ha supuesto un duro golpe entre las filas populares. El propio Francisco Correa, el cabecilla de la Gürtel, se ha preguntado delante del juez por qué María Dolores de Cospedal no se encuentra en la sala imputada. Cospedal es actual ministra de Defensa de Rajoy y secretaria general del PP nacional y castellano-manchego.
Pero las confesiones y acusaciones no se limitan a estas palabras. La instrucción o juicio de las tramas Lezo, Gürtel o Púnica; han permitido que salgan a la luz todo tipo de declaraciones.
Una de las más llamativas la pronunció el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que afirmó que su partido había recibido 3,4 millones de euros en dinero negro por indicación del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El montante sirvió para financiar las campañas de 207 y 2008, lo que pondría en evidencia que el partido accedió al gobierno autonómico en otra "campaña dopada", tal y como la Guardia Civil calificó a la campaña madrileña de Esperanza Aguirre.
Si se confirmasen las acusaciones, Camps se vería envuelto en dos investigaciones por corrupción. A ella, se sumaría las presuntas irregularidades cometidas durante el diseño del circuito urbano de la Fórmula 1 de la capital autonómica entre los años 2008 y 2012. Cuando finalice la vista oral, tampoco se descarta su imputación en otras piezas de Gürtel como la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 o los contratos de la Generalitat con Correa.
Junto a estas acusaciones contra Camps, la cúpula de Gürtel tamibén ha señalado a la antigua dirección del partido. Personalidades como Pablo Crespo, Correa o Álvaro Pérez El Bigotes, todos en prisión, han reconocido la existencia de la caja B en Valencia. A ello, se suma la implicación de otros nueve empresarios.
Ramificaciones en otras autonomías
Los escándalos de corrupción del Partido Popular ya salpican a otros antiguos barones del partido, como Jaume Matas (Palma Arena), Ignacio González (Lezo), Alberto Ruiz-Gallardón (Lezo) o el propio Francisco Camps (Gürtel).
El último de esos casos en estallar ha sido la trama Lezo, relacionada con la gestión fraudulenta del Canal de Isabel II en Madrid, la empresa pública que gestiona el agua de la región. El entonces responsable de los negocios del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha reconocido que se infló el precio de la brasileña Emissao a cambio de comisiones y supuestas mordidas de Ignacio González.
A ello se suman las conversaciones intervenidas al propio González, en las que señala que "la compra de 2001 si que fue un pelotazo". Los agentes de la Guardia Civil sospechan que se refiere a la compra de Inassa, con un valor de mercado muy inferior al que fue adquirida. Esta gestión se realizó durante la época del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
A todo ello, se suman los seis arrepentidos del caso Púnica, a los que se sumará, previsiblemente, un séptimo -periodista- encargado de gestionar algunas de las mordidas de la Trama.
