El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido que la Iglesia ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia descubiertos en el seno de la institución eclesiástica. Sin embargo, también los ha enmarcado dentro de de un contexto de "inacción de toda la sociedad española", según ha confesado en una entrevista con la Agencia EFE.
Una semana antes del final de su mandato y tras ser nombrado Obispo de Ávila, el prelado ha declarado que "es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio". Además, equipara la inacción de la Iglesia con la social, alegando que "compartíamos esa cultura y ahora nos percatamos de que ha sido un silencio cómplice".
Aunque el entonamiento del 'mea culpa' por un alto miembro de la Iglesia suponga un paso adelante en cuanto a los escándalos de los últimos años, la "dejación social" de la que habla el obispo, no era otra que el resultado de la influencia de la misma Iglesia en una sociedad criada bajo su influencia. Esta lacra social ha dejado un número considerable de víctimas y debe su responsabilidad a la organización que actuó para que se consumase, no al conjunto social que ha sido manejado por esta durante siglos. Y es que en el terreno de culpabilizar víctimas, no somos nuevos.
Una campaña "intencionalizada" para desacreditar a la Iglesia
En cuanto al tratamiento por parte de los medios de los casos de pederastia, Gil Tamayo asegura que en nuestro país existe una campaña "intencionalizada" para desacreditar la institución y en la que no se duda en instrumentalizar a las víctimas y convertir su testimonio en espectáculo. En su opinión, la cobertura mediática de los testimonios "criminalizan" a la Iglesia, antes que dar visibilidad a un problema que cada vez se hace más grande.
Sin embargo, no está de acuerdo con que las penas de los culpables sean "leves". "Las penas han sido más leves por parte del Estado, que las prescribe" y dejan a las víctimas sin posibilidad de defenderse, ha dicho. Por ello, ha insistido en la necesidad de buscar "un remedio compartido" y que toda la sociedad (no solo la Iglesia, consentidora de los abusos) asuma su responsabilidad. Por su parte, afirma que se encuentran trabajando para "prevenir, curar, reparar y castigar" los daños.
