El Gobierno de España ha sido condenado a pagar 615.600 euros por privilegiar a la Iglesia Católica. Así de contundente se ha mostrado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras confirmar que el Estado favoreció a la confesión religiosa cuando le cedió, gratuitamente, la propiedad de una finca en Palencia que pertenecía a una empresa privada.
La resolución supone un mazazo judicial para el Ejecutivo, que deberá pagar la multa en un plazo de tres meses después de haber agotado todas las vías judiciales disponibles.
El caso se remite al año 1978. Ucieza España, una empresa privada, decidió adquirir unos terrenos entre los que se encontraban una finca de regadío, una iglesia, una sacristía y una sala capitular que habían formado parte de un antiguo monasterio vendido durante el siglo XIX tras la desamortización de Mendizábal.
16 años después, el Obispado de Palencia decidió inscribir los bienes en el registro como propios, sin pagar y sin el consentimiento de su dueño. Se amparaba en las inmatriculaciones que permitían a la Iglesia adueñarse de toda construcción destinada al culto católico sin ningún tipo de problema. Eso sí: en este caso no deben de contar con un dueño inscrito y, en este caso, sí que había alguien que había comprado oficialmente esos terrenos.
A pesar de ello, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional fallaron a favor de la Iglesia Católica. Ucieza España decidió recurrir en Europa y en 2014 recibió una sentencia a favor.
El Gobierno volvió a recurrir y ahora, en 2017, la empresa privada vuelve a ver como todo se pone de su lado. Europa ha considerado que el Gobierno y la Justicia están incumpliendo el artículo 6.1 de la Convención de Derechos Humanos, que expresa que "toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativamente por un tribunal". Además, el tribunal considera que se ha incumplido el artículo 1 del Protocolo 1, que reza que "toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes" y que solo se puede privar de tal derecho a alguien cuando hay una "utilidad pública".
Ahora, el tribunal ratifica la sentencia, pero reconoce que no tiene competencias para imponer que la Iglesia devuelva el terreno a la empresa privada. Como el Gobierno tampoco quiere llevar a cabo esta medida, la Corte ha llegado a la conclusión de que la mejor reparación "es que el Estado Indemnice por el daño material y moral que el interesado sufrió a causa de la injerencia en su derecho a la propiedad". Por ello, ha ratificado su sentencia de 615.600 euros
Inmatriculaciones
La Constitución Española afirma que "ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".
Sin embargo, algunos sectores consideran que las inmatriculaciones incumplen este artículo. Todo ello, viene como consecuencia de la ley que el gobierno de José María Aznar aprobó en 1998, en la que se permitía a la confesión católica -y solo a ella- inscribir como propios aquellos lugares de culto o inmuebles que no contasen con un dueño registrado oficialmente. Gracias a ello, la jerarquía se apropió de, al menos, 4.500 inmuebles, templos, fincas, ermitas, casas parroquiales o cementerios. Algunos de ellos, fueron posteriormente vendidos, gracias a lo que obtuvieron ingentes beneficios.
Uno de los casos más sonados ha sido el de la Catedral de C´ordoba, que la Conferencia Episcopal se apropió por la simple cantidad de 30 euros. Ahora, algunas instituciones como la Junta de Andalucía han intentado recuperar su propiedad, pero parece que esta situación está lejos de producirse.
Unidos Podemos ya ha anunciado que intentará acabar con esta situación y ha avisado a la Iglesia Católica que pretende retirar los bienes que ha conseguido por esta vía, una posición a la que no le han faltado críticas. La confesión religiosa afirma, mientras tanto, que "en el caso de los edificios religiosos, la evidencia es que pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy y que también pertenecerán a los cristianos del mañana" y que por ello, las inmatriculaciones son un mero trámite burocrático para no colapsar la administración.
