La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha sido condenada junto a siete concejales por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre a un precio inferior al fijado en el mercado. Por ello, deberán pagar una multa de 25,7 millones de euros. El Ayuntamiento había solicitado una indemnización de 55 millones que ahora se ve reducida en esta sentencia.
El escrito señala que la exregidora y el núcleo de su equipo de gobierno "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmubeles municipales (incluidos 18 edificios protegidos) por un total de 128,5 millones. Según el Tribunal de Cuentas, el ayuntamiento más endeudado de España podría haber llegado a ingresar más de 151 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, demandó en 2017 al anterior gobierno por estas circunstancias, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
Los inquilinos que recibieron esos pisos en régimen de alquiler vieron cómo su casero pasaba a denominarse 'fondo de inversión Blackstone'. Las condiciones fueron mucho más duras y, en algunos casos, enfocadas a que los dueños abandonaran sus viviendas para incrementar sus precios en el mercado.
En ese "menoscabo" del patrimonio público, según reza la sentencia, se señala toda una serie de chapuzas e ilegalidades en el expediente. Primero, porque los pliegos vulneraban el principio de libre competencia. Segundo, porque no hubo concurso de adjudicación. Y tercero, porque las condiciones de la oferta estaban especialmente diseñadas para los intereses de este fondo buitre.
"No se comprende la celeridad en las concesiones"
Sumado a los factores ya comentados, la sentencia señala que el procedimiento únicamente duró 14 días, cuando este tipo de operaciones se suelen dilatar en el tiempo con el fin de obtener el máximo beneficio para las administraciones.
Dejando de lado el conflicto moral que puede suponer esta operación, también se señala que "no se entiende" cómo el Ayuntamiento no luchó por obtener el máximo beneficio. En aquella época, Madrid acumulaba una cuantía de deuda superior a la suma del conjunto del resto de Consistorios de toda España (sobre todo por el soterramiento de la M30 y la construcción de Madrid Río).
A pesar de todo, la venta se realizó "sin ningún informe técnico o documentación administrativa que justificase la medida", según señala la sentencia. Finalmente, los ocho condenados deberán pagar la citada multa sin mayor condena.
