La sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al sacerdote Antonio L.Z, de San Pedro del Pinatar, a penas de prisión que suman 9 años de cárcel por dos delitos de abuso sexual de menores, que se suman a una medida de libertad vigilada durante 7 años, una vez cumplida la pena privativa de libertad y la obligación de indemnizar a los dos menores con 8.200 euros.
Al acusado se le considerado autor de un delito de abuso sexual a un menor de 13 años por agarrar el pene a un menor cuando se encontraba jugando con una videoconsola en su domicilio, además de un delito continuado de abuso sexual a un menor de 16 años por tocar los genitales de un menor en repetidas ocasiones, con el objetivo de "satisfacer su apetito sexual" y aprovechando en dichos casos, "su condición sacerdotal y de amistad con ellos y su familia".
El acusado también tiene prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse por cualquier medio con los menores de edad durante 9 y 10 años, respectivamente.
Los hechos fueron denunciados por el obispo José Manuel Lorca Planes hace tres años. Fue él quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Región de Murcia, donde señalaba que el párroco habría abusado sexualmente de un menor de edad. Posteriormente, relevó al prelado de sus funciones.
El acusado también había dado misa en San Pedro del Pinatar hasta 2013. Ese mismo año fue cesado del cargo de Vicario Parroquial en San Pedro Apóstol, en la misma localidad y en Nuestra Señora del Rosario, en El Mirador, en San Javier, cuando fue nombrado párroco en San Juan Bautista.
Por estos hechos, el tribunal le ha impuesto una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio, ya sea o no retribuido, que conlleve contacto regular o directo con menores de edad, a lo largo de la próxima década.
Ingreso en prisión
La Sala ha acordado el ingreso provisional del acusado, solicitado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ya que entiende que "la gravedad de las penas aquí impuestas", que superan 9 años de cárcel, se suman a las impuestas por el tribunal en sentencia de 3 de mayo de 2022, donde fue condenado por otro delito de abuso sexual a la pena de 7 años y 9 meses de cárcel.
"No cabiendo duda de que las nuevas condenas, cuya suma supera los 16 años, han incrementado notablemente el riesgo de fuga, dada la natural y humana inclinación que cabe atribuir a todo penado de que intentará evitar el cumplimiento de una pena prolongada de privación de libertad mediante su huida y ocultación".
Los hechos por los que ha sido condenado se produjeron en un primer momento en la vivienda familiar de la víctima. La relación entre la familia del religioso y la del menor era tan estrecha que el segundo acostumbraba a dormir con frecuencia en su casa. El condenado le hacía regalos caros para mantener "su ascendencia sobre él".
Antes de dicha denuncia, ya pesaban otras dos por abusos sexuales y una por agresión sexual sobre el condenado. Las víctimas aseguraron que les realizó tocamientos y que hubo un intento de penetración. En dichos casos, la Fiscalía pidió cinco años de cárcel y dos penas de cuatro y seis años por un lado, y por el otro, doce años.
La sentencia, emitida por el TSJRM y que permite un recurso ante el Tribunal Supremo, indica además que, ante su condición de sacerdote, sí existió prevalimiento y ascendencia sobre la víctima.
