El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco meses de cárcel a un ganadero que infectó con brucelosis a sus vacas en Lugo para cobrar la indemnización por su sacrificio. Así lo ha dictado la Sala de lo Penal en una sentencia, que rechaza el recurso del ganadero contra la resolución de la Audiencia de Lugo, que le condenó por un delito intentado de estafa.
La sentencia declara que el brote de la enfermedad fue provocado por el ganadero, que inoculó cepas vivas de brucelosis en dos vacunas (S19 y ReV1), cuyo uso está prohibido desde 1988, para que los servicios de inspección de la Xunta de Galicia detectasen la bacteria en su explotación ganadera de Castro de Rei (Lugo).
Durante la campaña de saneamiento de octubre de 2012, los servicios de inspección detectaron la enfermedad, que era objetivo del ganadero, para acceder a las indemnizaciones como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de los programas de lucha, control y erradicación de enfermedades.
Las primeras pruebas detectaron que la infección afectaba a 70 reses, pero después, se siguieron los protocolos de sanidad y acordó sacrificar a las 144 vacas de la explotación para iniciar el proceso de indemnización que oscilaba entre 132.000 y 150.000 euros.
La Consellería inició una serie de actuaciones para controlar el supuesto brote de brucelosis, ya que se trataba de una infección masiva, cuando en los últimos años no se había identificado ningún animal con dicha enfermedad en la región.
Brucelosis
Las primeras investigaciones encendieron las alarmas, ya que el resultado de los análisis "induce a pensar que no se trata de una infección natural", por lo que se enviaron los sueros a otros dos laboratorios más, entre los que se encuentran el Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe (Granada), centro nacional para la brucelosis bovina en España.
Los informes llegaron a la conclusión de que las cepas de brucelosis encontradas en las vacas se correspondían con las dos vacunas prohibidas en España. La Sala ha impuesto la pena de cárcel correspondiente y una indemnización de 22.475 euros a la Xunta de Galicia, correspondiente con el coste de la investigación, a lo que se suma una multa de 900 euros.
