La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, como autor de los delitos de prevaricación y falsedad.
Sánchez está involucrado en el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de su localidad. Su imputación en esta causa se vio agravada con una petición de encausamiento por una ramificación del caso Púnica, que llevó a su dimisión como presidente de la Región de Murcia en abril de 2017.
La sentencia considera que el ex dirigente autonómico es culpable de un delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito de falsedad, por encargar a un arquitecto "verbalmente y sin previo expediente", las obras del auditorio municipal cuando era regidor de Puerto Lumbreras.
La sentencia también recalca que Pedro Antonio Sánchez hizo todo lo posible por "evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso". Además, ha sido condenado por una segunda prevaricación por pactar la elaboración de un proyecto que permitiera justificar la subvención autonómica de 6 millones recibida "e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada".
Pedro Antonio Sánchez se tuvo que sentar como acusado en septiembre de 2022, siete años después del inicio de las diligencias por supuestas irregularidades en la redacción, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que fue alcalde entre 2003 y 2013, antes de encabezar el gobierno autonómico. El escándalo le costó la presidencia regional, que finalmente derivó en Fernando López Miras, a quien designó como su propio sucesor y que en la actualidad continúa en el cargo.
Más condenados
La sentencia también ha condenado en este caso como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad G., y al arquitecto, Martín L. La secretaria accidental ha sido condenada a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público de 15 años y medio, mientras que el arquitecto ha sido condenado a 16 años y medio.
