La histórica web de pirateo de contenidos deportivos, Roja Directa, que operaba de manera ilegal, ha sido condenada a pagar una indemnización de 31,6 millones de euros a Mediapro por los daños y perjuicios causados por el pirateo de contenidos de fútbol del grupo.
Se trata de la sanción más alta impuesta a una empresa por piratear partidos. Está emitida desde el Juzgado Mercantil nº 2 de A Coruña y se dirige contra Puerto 80 y su administrador, Igor Seoane, por los daños y perjuicios ocasionados por la emisión de partidos de LaLiga y obteniendo beneficios económicos ingentes por ello.
El cálculo de la indemnización se ha realizado en base a la contraprestación económica que Puerto 80 debería haber abonado a Mediapro para tener acceso a la señal. Su administrador, Igor Seoane, se deberá hacer cargo, como responsable solidario, de 15,8 millones de euros de la indemnización.
Una década de litigios
La sentencia se produce casi una década después del inicio de las actuaciones judiciales. Mediapro ha logrado el cierre definitivo de la web en España y se ha fijado una indemnización por infringir los derechos afines de Propiedad Intelectual.
La web Roja Directa daba acceso a contenidos ilegales en España vulnerando los derechos de propiedad intelectual a través de enlaces que permiten el acceso en directo a los partidos de la liga española y otros contenidos deportivos emitidos en televisión de pago.
A pesar de que el acceso era gratuito para los usuarios, Puerto 80 obtenía ingresos millonarios a través de la publicidad y el cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas. En 2022 se evidenciaron ingresos de más de 11 millones de euros en una sola cuenta.
El administrador también se enfrenta a otro proceso penal impulsado por Mediapro y LaLiga por un delito continuado contra la propiedad intelectual a través de Roja Directa y por los beneficios obtenidos a través de esta actividad ilegal.
El fiscal solicita una pena de prisión de cuatro años para el administrador de Puerto 80. Mediapro y La Liga piden elevar dicha pena hasta los seis años. Puerto 80 y su administrador deberían haber depositado una fianza de 4 millones para hacer frente a futuras responsabilidades por la "especial transcendencia económica" del caso.