El pasado 1 de julio de 2019, J.M, tuitero y guardia civil, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que difundía un vídeo de un hombre agrediendo brutalmente a una mujer con patadas y puñetazos. Además, también se mostraba cómo el agresor intentaba bajarle los pantalones a la víctima, la agarraba del pelo y la arrastraba por el suelo.
El tuitero atribuyó la autoría de este vídeo a un menor extranjero no acompañado (mena) asegurando que era el responsable de dicha violación, que según él había tenido lugar días antes en Canet del Mar (Barcelona). Sin embargo, la realidad es que la agresión no había sucedido en el municipio catalán, sino en China, y lo que él difundía era un vídeo que las autoridades de ese país estaban utilizando para localizar a su verdadero autor mediante la colaboración ciudadana.
Ante esto, la Audiencia de Barcelona ha impuesto la primera condena de España por la difusión de fake news. Según el fiscal, el acusado cometió un delito "movido por su animadversión y rechazo a los menores extranjeros no acompañados de origen marroquí".
El escrito fiscal se respalda en el mensaje que acompañaba al tuit: "Aquí tenéis el vídeo del menor extranjero no acompañado marroquí de Canet de Mar, a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri la viola. Estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios". El Ministerio Publicó también ha señalado que no era la primera vez que este usuario publicaba comentarios racistas y xenófobos a través de sus redes sociales.
La condena
El procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de 15 meses, después de que la Fiscalía le rebajase los dos años que solicitaba en un principio por atentar contra los derechos fundamentales y libertades públicas.
Además, tendrá que hacer frente a una multa de nueve meses con cuota diaria de seis euros que asciende a un total de 1620 euros. Asimismo, le queda prohibido ejercer cualquier tipo de actividad docente o deportiva durante los próximos cinco años.
La defensa del guardia civil ha solicitado al tribunal que anule el ingreso en prisión, a lo que Audiencia se ha mostrado favorable dado que el acusado carece de antecedentes penales. No obstante, esto aún está por determinar. En el caso de que no ejecutarse la pena, se impondrá la condición de que el acusado no delinca en dos meses, no cree perfiles en Internet para difamar contenidos discriminatorios y siga un curso de igualdad y derechos humanos durante dos años.
