Una jueza ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz a indemnizar a un matrimonio de mujeres a las cuales se les interrumpió el tratamiento de inseminación.
La pareja había comenzado el tratamiento de reproducción asistida en abril de 2014. Tras finalizar un primer ciclo sin éxito, fueron emplazadas para comenzar un segundo ciclo en marzo de este año. Sin embargo, en noviembre fue publicada una nueva orden ministerial que las excluía del tratamiento, tal y como les fue comunicado. Tras reclamar ante el hospital, presentaron una demanda en enero. Al mismo tiempo, comenzó otro tratamiento de fecundación en una clínica privada de Valencia, con cuyos gastos deberán correr ahora la comunidad y el hospital.
El Ministerio de Sanidad, también incluido en la demanda de la pareja, queda absuelto por la jueza, ya que considera que la comunidad y el hospital no tendrían que haber seguido la ordenación de Ana Mato en ningún momento, al estar en un rango inferior a la Ley de técnicas de reproducción asistida. De este modo, la sentencia es especialmente relevante porque sienta precedente en este tipo de casos.
Cabe destacar que País Vasco se rebeló y comunicó que no cumpliría con la orden de la ministra, por lo que había un precedente de desobedencia a la misma que se podría haber seguido en Madrid. Si bien es cierto que en abril de este año el hospital intentó reanudar el tratamiento con la pareja y con otros afectados por la orden de Ana Mato, decidieron seguir adelante con la demanda tras todos los inconvenientes causados.
Ana Mato: "la falta de varón no es un problema médico"
El motivo de la negación a esta pareja fue la orden ministerial encabezada por Ana Mato en 2014, en la que se limitaba el servicio público de reproducción asistida a parejas heterosexuales y se les negaba a las madres solteras o parejas de lesbianas. O, parafraseando la orden, se limitaba a casos en los que no se produjese el embarazo "tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".
En su día, la por entonces Ministra de Sanidad Ana Mato explicó que la elaboración de su normativa se debía a razones de reducción presupuestaria y alegó que "la falta de varón no es un problema médico", pues su intención era la de reducir el servicio a parejas con problemas de fecundidad.
