Los accidentes de caza y las muertes que entrañan están preocupando especialmente a las autoridades. En el año 2024 han fallecido once personas por disparos accidentales de caza, diez de ellos cazadores, a los que se suman 19 personas heridas, según el recuento que ha realizado Colectivos contra la Caza.
Castilla-La Mancha se sitúa como la comunidad autónoma con más muertos, con cuatro fallecidos y tres heridos. Por debajo está Andalucía, que ha registrado tres muertos y un herido durante esta práctica. La organización explica que se ha producido un descenso significativo de heridos ajenos a la práctica cinegética, aunque han aumentado los ataques de perros de caza contra personas.
En su estudio, también ha emplazado a las autoridades a impulsar estudios y datos oficiales en los que incluyan muertos, heridos y accidentes vinculados a la actividad cinegética, así como la carencia de rigor de los datos que ofreció el Gobierno sobre esta cuestión.
En el estudio se recoge la muerte por caza de tres personas en Andalucía (Granada, Jaén y Córdoba), una en Asturias (Cabrales), cuatro en Castilla-La Mancha (dos en Toledo y dos en Ciudad Real), una en Castilla y León (Burgos), una en Extremadura (Badajoz) y una en Madrid (Guadalix de la Sierra).
Llamada a la regulación
Con estos datos, Colectivos contra la Caza ha llamado al Gobierno de España y especialmente al Ministerio del Interior a impulsar una mayor regulación en la tenencia de armas y a "tomar medidas urgentes" para garantizar la seguridad de los 47 millones de españoles que salen a pasear en el campo y disfrutar de la naturaleza "sin temer ser alcanzado por una bala o ser atacado por una jauría de perros de caza".
Entre las medidas que reclaman, se encuentra un estudio y estadísticas de accidentes provocados por cazadores, considerar los accidentes de tráfico provocados por animales vinculados a actividades cinéticas y los provocados por los cazadores y gestores de cotos.
La asociación también reclama realizar controles de alcoholemia y estupefacientes periódicos en los cotos de caza, aumentar las exigencias para aprobar los exámenes psicotécnicos de forma restrictiva y periódica, limitar la edad de caza a menores de edad y mayores de 70 años, o la prohibición de la enseñanza de armas de fuego a menores de edad.
