El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los criterios definitivos para repartir a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La medida, incluida en la reforma de la Ley de Extranjería, establece el traslado de 4.400 jóvenes antes del 31 de diciembre: 4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta.
La nueva distribución sitúa a Madrid como la comunidad que más menores recibirá, con 806 plazas asignadas, seguida de Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). En el otro extremo, Cataluña acogerá solo a 27, debido a que su red de acogida ya se encuentra al máximo de su capacidad. Melilla y Baleares, con 34 y 59 menores respectivamente, también figuran entre las regiones con menor número de traslados.
El Ejecutivo subraya que los criterios utilizados para este reparto "no son arbitrarios", sino que fueron consensuados con las comunidades autónomas en las Conferencias Sectoriales de Infancia desde 2022. Sin embargo, la reforma introduce modificaciones en los porcentajes de cada criterio, lo que ha generado cambios significativos en la asignación final.
Ajuste en los criterios de distribución
La nueva ponderación suma tres criterios que no estaban en la propuesta original de 2022: el tamaño de la red de acogida de cada comunidad (10%), la insularidad (2%) y la condición de ciudad frontera (2%). Además, se han reajustado otros factores clave: el peso de la población ha aumentado al 50%, la renta per cápita se mantiene en el 13%, la tasa de paro representa un 15% y la experiencia previa en acogida se reduce al 6%, cuando anteriormente suponía el 45%.
Estos cambios han llevado a que Cataluña, que cuenta con el mayor sistema de acogida del país y acoge actualmente a más de 2.300 menores, reciba solo 27 niños. Según fuentes gubernamentales, su capacidad de acogida está un 115% por encima de su límite ordinario. Madrid, en cambio, ha reducido sus plazas en los últimos años y actualmente representa solo el 10% del total nacional, por lo que, según estos criterios, debería incrementar su capacidad un 75%.
Comunidades tradicionalmente reticentes a la acogida, como La Rioja, ahora tendrán que recibir un número significativo de menores. En su caso, la asignación es de 157 jóvenes, una cifra mucho mayor que en repartos anteriores.
El número total de menores a trasladar podría reducirse antes de final de año. Según fuentes oficiales, de los 4.000 menores previstos desde Canarias, finalmente serán menos de 3.000, ya que muchos han cumplido 18 años en los últimos meses. Lo mismo ocurre en Ceuta, donde la cifra inicial de 400 se ha rebajado tras actualizar los registros.
El Gobierno ha fijado el 31 de marzo como fecha clave para revisar los datos y ajustar la distribución si fuera necesario. Además, se requerirá que Canarias y Ceuta aporten información sobre cuántos menores cumplirán la mayoría de edad en los próximos 12 meses, dado que el real decreto establece un plazo máximo de un año para efectuar los traslados.
Un debate político sin cerrar
Ángel Víctor Torres, coordinador de la comisión interministerial de inmigración, ha insistido en la importancia de la transparencia. "Es fundamental que todos los ciudadanos sepan cuántos menores no acompañados hay en cada comunidad", declaró tras el Consejo de Ministros. Desde noviembre de 2023, ha trabajado con el presidente canario, Fernando Clavijo, para sacar adelante este acuerdo.
El Ejecutivo sostiene que la fórmula aprobada aplica los mismos criterios para todas las comunidades. Sin embargo, Torres ha recordado que cualquier región puede enfrentar una "contingencia migratoria" si la llegada de menores triplica su capacidad de acogida. Casos como el de Andalucía en 2018 o el actual de Baleares demuestran que la presión migratoria no es exclusiva de Canarias y Ceuta.
Los criterios podrán revisarse en futuras Conferencias Sectoriales de Infancia si existe consenso entre las comunidades. De llegarse a un acuerdo, los traslados deberán realizarse en un máximo de 15 días desde la inscripción del menor en el registro. La Fiscalía de Menores supervisará todo el proceso para garantizar el cumplimiento del real decreto.
El texto aprobado mantiene prácticamente los mismos términos que la propuesta de julio de 2023, que fue rechazada por PP, Vox y Junts. Con la nueva distribución, el Gobierno busca aliviar la presión sobre las comunidades más afectadas, aunque la medida sigue generando tensiones políticas y resistencia en algunos territorios.
