En 2018 el Gobierno aprobó una normativa que servía para devolver la sanidad pública a todas las personas sin papeles o que se encontrasen en situación administrativa irregular. Sin embargo, las Comunidades utilizan los vacíos de la norma para no llevarla a cabo.
Es el caso por ejemplo de la Comunidad de Madrid con todos los inmigrantes irregulares que presentan VIH. La norma establece que para que sean atendidos deben llevar tres meses empadronados en España, pero, por otro lado, el Real-Decreto 7/2018 establece que, tras un informe de los trabajadores sociales, todos los inmigrantes sin papeles pueden ser atendidos si se encuentran en una situación desfavorable.
La Comunidad de Madrid ignora este último punto, tal y como ha denunciado El Diario, y niega el acceso a tratamiento del VIH a todos los inmigrantes con una situación irregular. Muchos de ellos vienen a España con las pastillas necesarias para su tratamiento que traen de su país y al llegar aquí, cuando se les acaban, se encuentran con unas exigencias imposibles para continuarlo.
"Tienen que conseguir un piso, que les hagan contrato, un recibo a su nombre, cita en el padrón, empadronarse y esperar tres meses. En el mejor de los casos, estamos hablando de cinco o seis meses hasta que pueden comenzar a recibir el tratamiento", explica Gerjo Perez Mellá, responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras.
En otros casos, como ha expuesto el medio, los inmigrantes irregulares sí que estaban siendo atendidos, pero de un momento a otro se encuentran con que se les niega el tratamiento porque les han dado de baja en el sistema y los médicos no pueden ayudarles.
La única solución
Para muchos de estos inmigrantes la única solución es acudir al Hospital Ramón y Cajal, donde sí pueden ser atendidos gracias a los trabajos de la ONG Salud Fronteras que trabaja junto con el servicio de enfermedades infecciosas del hospital para atender a todas las personas que no estén empadronadas en España y a las que se les niega el derecho a tratamiento por no tener papeles.
Aun así, Perez Molina, médico adjunto de infecciones en el Ramón y Cajal asegura que la situación en su hospital también está cambiando: "Obligan a acreditar tres meses de estancia, pero tenemos un problema con las enfermedades para las que existe un interés en salud pública. Esto nos impide la posibilidad de atender a los migrantes al poco tiempo de llegar, como antes hacíamos, y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna", explica.
Molina segura, además, que ya tiene constancia de una mujer con VIH que no ha podido ser tratada por este motivo, para lo que ya han contactado con la gerencia del hospital para solucionarlo.
"En el fondo, están poniendo barreras a un problema gravísimo de salud pública", comenta el portavoz de Refugiados Sin Fronteras. "Todo el mundo quiere ayudar pero la Comunidad de Madrid les cierra el paso", añade.
