La Comunidad de Madrid ha encontrado 196 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que contienen la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica acerca de la financiación ilegal del PP madrileño. Asimismo, el fiscal de la Audiencia Nacional está investigando si las concesionarias de otros 16 acuerdos del mismo departamento y otros 34 pertenecientes a la Consejería de Sanidad tenían la obligación contractual de dedicar un 1% del presupuesto a publicidad, para la que contrataban empresas que hacían las campañas electorales del PP.
Estas compañías habrían cobrado entonces el dinero por sus trabajos para el PP, y llegan a estimarse contratos de carreteras que superan los 74 millones de euros.
Según El País, la Comunidad de Madrid ha confirmado la existencia de 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que ahora investiga la Audiencia Nacional. En aquel momento la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda; extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), firmó aquellos acuerdos, los que no incluyen los aprobados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Actualmente, además, "nadie encuentra" las facturas y no hay pruebas de que se empleara en la trama que la Audiencia investiga.
"Se informa de que consultados los datos obrantes en dicha consejería, no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran la cláusula con el texto que se indica en el literal de la iniciativa, ni cualquier otra que obligara al contratista a realizar gastos similares a los contenidos en dicha cláusula", se lee en la respuesta gubernamental a una petición de información de la diputada Sol Sánchez, de Unidas Podemos. Además, la misma diputada declaró que es una respuesta llena de intranquilidad con la que podrían confirmarse las sospechas, ya que es extremadamente raro que exista un contrato, pero luego no exista facturado. "Esto ha sido un agujero negro y hay que asegurarse de que no lo siga siendo", añadió, afirmando que en la Asamblea se les ha informado de que la cláusula del 1% no existe desde 2013, aunque quiere "que lo certifiquen", porque es un "modus operandi que se repitió durante mucho tiempo".
Las sospechas en los contratos
Los contratos ahora investigados se firmaron durante las presidencias de Esperanza Aguirre (de 2003 a 2012) e Ignacio González (de 2012 a 2015). Ambos han declarado ante el juez y han negado su intervención en la trama. No obstante, los investigadores incluso han detallado el proceso con el que consideran que el Partido Popular llevó a cabo las supuestas concesiones en las campañas electorales con las que consiguieron las mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid a lo largo de los años.
"Se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la Comunidad, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada", resumió el magistrado García-Castellón en el auto de septiembre, en el que decidió imputar a Aguirre. "Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el Sermas, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud, y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad", prosiguió. "En este segundo supuesto, el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el Pliego", añade el escrito, aludiendo a la posibilidad de que se hayan empleado facturas dudosas, "muchas de ellas con publicidad que no se realizó".
Construcción de carreteras y hospitales
García-Castellón, el juez que investiga el caso, ha reclamado a la Comunidad de Madrid la información sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de 16 proyectos de carreteras de la red regional. Concretamente, el juez ha solicitado a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales Puerta de Hierro de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo (Aranjuez). También ha reclamado al Servicio Madrileño de Salud los contratos de gestión de otros 27 hospitales y centros de salud.
Todas estas obras tenían incorporada la cláusula del 1% en publicidad, que implicó un coste de 3,07 millones de euros, que habrían acabado, según los investigadores, en la caja b del PP de Madrid. El juez también ha investigado los expedientes completos sobre obras de duplicación y reparación de 16 carreteras regionales, ya que sospecha que fueran sometidas a la cláusula y que el partido se hubiera beneficiado de unos 746.000 euros, presuntamente.
