Nada ha cambiado en la Comunidad de Madrid. Al igual que sucedía en 2021, el Gobierno regional continúa excluyendo a las personas migrantes de unos tratamientos en los que son fundamentales la adherencia (con toma diaria) y donde se mantiene una máxima: convierten a la persona en intransmisible, es decir, no puede transmitir el virus a otra persona.
Ante la falta de acceso mediante las vías institucionales, las personas migrantes se ven obligadas a acceder a estos medicamentos a través de ONG y vías extraoficiales. La Comunidad de Madrid exige llevar tres meses empadronados para iniciar los trámites, pero esta exclusión sanitaria puede empeorar la salud de las personas que se encuentran en esta situación.
Por este motivo, las ONG Acción Triángulo, Apoyo Positivo, CESIDA, COGAM, gTt-VIH, Imagina Más, KIF-KIF y Salud Entre Culturas han convocado una concentración este viernes frente a la Consejería de Sanidad para denunciar el "cambio en las medidas y las nuevas exigencias adoptadas en la Comunidad de Madrid desde noviembre del año pasado". Consideran que "han creado una barrera administrativa difícil de traspasar que atenta contra los derechos fundamentales e impacta gravemente en la salud pública y en el bienestar de todas las personas".
El objetivo es mantener las movilizaciones a lo largo del tiempo en el caso de que la Administración autonómica no haga ningún cambio que permita facilitar el acceso de las personas que actualmente se están enfrentando a la exclusión sanitaria.
La Consejería de Sanidad creó a finales de 2021 las Unidades de Tramitación Especializadas, unas oficinas destinadas a verificar la situación del paciente y entregarle el nuevo Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE), "si cumple los requisitos". Dichos requisitos implican llevar más de tres meses en España y contar con un NIE para solicitantes de asilo. Esto dificultaba el acceso a la sanidad de muchos migrantes y retrasa la primera visita al especialista.
La normativa nacional deja resquicios a las autonomías
La aprobación de la norma que devolvía la sanidad universal en 2018 por parte del Gobierno central dejaba, en su redacción, una serie de cuestiones que han permitido a las autonomías imponer trabas a las personas en situación irregular. Sobre todo cuando llevan menos de tres meses en España.
Este hecho ya provocó a finales de año un cruce de acusaciones entre el Gobierno central y autonómico. El primero se acogió a dicho decreto para dejar de dar o interrumpir el tratamiento a personas migrantes con VIH, mientras que el segundo afirmaba que la Comunidad de Madrid es la única que desatiende a pacientes con VIH únicamente por su estatus migratorio.
La Consejería de Sanidad insiste en que "la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria".
