La Comunidad de Madrid está exigiendo a las personas sintecho de la región los ingresos por practicar la mendicidad, cantar en el metro o recoger la chatarra. Con esta medida están viendo reducida, con creces, la cantidad de la Renta Mínima de Inserción (400 euros).
Las reducciones en las ayudas para las personas más pobres se calcularán de la siguiente manera: una persona indigente que asegure pedir en la calle durante una media de 20 horas a la semana, es decir, media jornada laboral, con un sueldo de 100 euros; verá descontado un total de 190 euros porque la administración aumentará ese importe.
Gran parte de ellos temen perder la ayuda o desconocen el dinero exacto, por lo que están ofreciendo cifras al azar. Además, se enfrentan a todo un enredo burocrático en el que se exigen todo tipo de pruebas para demostrar que realmente no tienen los ahorros suficientes.
El plazo prestado para que los indigentes proporcionen todos los datos se ha fijado en 10 días, tal y como se indica en el documento al que ha tenido acceso el diario El País. De ese montante, se computará como mínimo el 70% del importe vigente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que se fija en 376 euros.
La Consejería de Políticas Sociales asegura que los importes se fijan en torno al RMI. Es decir, los ingresos declarados junto a su situación económica y familiar. Según el gobierno regional, este trámite se ha llevado a cabo durante los últimos años.
Las organizaciones se muestran completamente indignadas
Las organizaciones que luchan contra la exclusión social han criticado duramente esta medida. Consideran que se trata de una manera de expulsar a los solicitantes de ayuda, fiscalizar a los más necesitados y alargar los trámites para cobrar la renta mínima de inserción.
Los colectivos reconocen que estos trámites se encuentran recogidos en la ley, pero aseguran que la Comunidad de Madrid de Ángel Garrido está haciendo un uso abusivo de la ley. En el escrito se señala la necesidad de declarar bajo juramento el número de horas trabajadas y los ingresos obtenidos, en el caso de que no haya documentos acreditativos.
La obligación de declarar los ingresos tiene como objeto luchar contra la economía sumergida o el pago de salarios en negro. Sin embargo, en este caso consideran que se abusa al extender esta fiscalización a personas sobre la que existe conocimiento real de que practican la mendicidad. De hecho, algunos han declarado beneficios de dos o tres euros diarios y se han visto inmersos en toda una serie de trámites que finalmente les ha obligado a abandonar.
Este es el peligro que denuncian desde estas plataformas, ya que se trata de personas que viven sin hogar y que necesitan estos ingresos mínimos para subsistir e intentar, en la medida de lo posible, abandonar una situación realmente crítica.
