España se prepara para la entrada en vigor de la nueva normativa europea que va a establecer los puertos UCB tipo C como el conector de carga universal para una gran cantidad de dispositivos y será efectiva a partir del 28 de diciembre de 2024.
El objetivo de esta ley es reducir los desechos electrónicos y mejorar la compatibilidad de todos los dispositivos dentro del espacio europeo. Entre muchas de las medidas que posee, permitirá a los usuarios que deseen comprar un teléfono móvil elegir si este viene con el cargador incluido o no.
Esta nueva normativa afectará a toda clase de dispositivos electrónicos, además de los teléfonos móviles (en los que se incluyen los iPhone): tablets, cámaras, videoconsolas. auriculates, altavoces, libros electrónicos, ratones, teclados, etc. Los portátiles tendrán de margen hasta abril de 2026.
Esto se ha incluido en un artículo de nueva introducción dentro de la legislación. Asimismo, se deberá de indicar en la caja del producto si esta lleva incluido el dispositivo de carga del móvil a través de una etiqueta y un pictograma. En el caso de que la venta se realice a través de internet, deberá de avisar de ello en una zona visible cerca de la cantidad a pagar.
Aumento de los costes
En cuanto a la posible subida de los precios que puede afectar a los productos en los que se aplique dicha medida, avisan que se encargarán de vigilar los cambios en los mismos, aunque el Real Decreto aclara que "la evaluación de impacto realizada por la CE determina que, en términos globales, los consumidores ahorrarán dinero ya que comprarán menos cargadores debido a la posibilidad de reutilización de los mismos".
La Memoria de Análisis del Impacto Normativo estima que los costes se incrementarán, por modelo, en 620 euros. De ese total, 500 serán los costes de las pruebas a realizar, 20 de informes técnicos y 100 por la obligación de publicar una Declaración de Conformidad europea.
"En el peor de los casos, estos fabricantes tendrían que asumir el coste de rediseñar el circuito de carga de sus equipos y también los costes asociados a la adquisición de nuevos componentes. Sin embargo, se considera que, en la actualidad, el porcentaje de equipos que no cumplen con los supuestos anteriores es reducido y, adicionalmente, este impacto se verá amortiguado mediante el periodo de trasposición hasta la aplicación de las disposiciones de la directiva", asegura el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
