María Dolores Cancio era compañera de Pablo Casado en el máster de Derecho Autonómico y Local y ha declarado que le regalaron el título porque nunca fue a clase ni entregó trabajo alguno. Lo hizo ante Carmen Rodríguez-Medel, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga a varios alumnos del mencionado máster en la Universidad Rey Juan Carlos, así también como el caso del máster obtenido por Cristina Cifuentes.
Cancio fue la única de las tres alumnas imputadas por este caso que aseguró haber tenido trato de favor por parte de Enrique Álvarez Conde,quien por aquel entonces dirigía el máster y de quien dijo que fue quien le animó a cursar el posgrado para después acceder al doctorado. Según fuentes jurídicas citadas por el diario Hoy, Cancio explicó ante la jueza que el catedrático la eximió de entregar cualquier trabajo e incluso de ir a clase. Asimismo relató que fue él quien también le ayudó a convalidar las 18 asignaturas que no tendría que cursar, las mismas que Casado, e incluso le explicó cómo solicitar las ayudas económicas y la devolución de las tasas después de obtener el diploma.
Por el contrario, sus otras dos compañeras llamadas a declarar, María Mateo Feito, hija de la extesorera de Cristina Cifuentes y acusada de presionar a los profesores del máster de la expresidenta madrileña cuando se supo que podría haberlo obtenido de forma irregular; y Alida Mas Taberner, subsecretaria en la Generalitat valenciana durante el mandato de Francisco Camps, aseguraron sí haber presentado trabajos para aprobar las cuatro asignaturas que tenían que cursar. Justo las mismas que Cancio y Casado. Sin embargo, ambas alegaron que no tienen forma de demostrar que realizaron estos trabajos porque no los encuentran ni disponen de copias y tampoco tienen los correos electrónicos que la magistrada les requirió.
Álvarez Conde se negó a declarar
Tras la declaración de las tres alumnas, Rodríguez-Medel mantiene su imputación por cohecho impropio y prevaricación administrativa. Esta situación la evita el actual presidente del PP porque tiene condición de aforado al ser diputado, pero si la jueza ve oportuno abrir una investigación contra él, esta tendría que elevar el caso al Tribunal Supremo, el único órgano competente para investigar a Pablo Casado.
También declararon Enrique Álvarez Conde, la profesora Alicia López de los Mozos y el exrector de la URJC, Fernando Suárez, sobre los que la jueza estableció los mismos delitos que a las tres alumnas imputadas. Y es que Álvarez Conde, que se negó a declarar, era el profesor de tres de las cuatro asignaturas que tanto Casado como sus tres compañeras de clase tenían que cursar y que aprobaron son sobresaliente. Mientras que López de los Mozos, profesora de la cuarta asignatura, declaró no recordar nada del máster: ni si Casado fue a clase ni si había que realizar un trabajo final para obtener el título.
Por otro lado, López de los Mozos aseguró no recordar haber visto los expedientes de convalidación de asignaturas de los aumnos del máster, punto muy importante para Rodríguez-Medel ya que necesita averiguar si los alumnos, incluido Casado, convalidaron asignaturas sin poder hacerlo. Por su parte, el exrector ratificó el discurso que Casado mantiene: los alumnos no tenían que hacer un trabajo de final de máster para hacerse con el título, ya que garantiza que la normativa vigente en aquel año eximía a los alumnos de hacerlo.
Álvarez Conde matriculaba a los alumnos al máster sin que lo supiesen
El abogado Miguel Temboury,ex número 3 del Ministerio de Economía con Luis de Guindos, también declaró ante Rodríguez-Medel y aseguró que Álvarez Conde le apuntó al máster sin su consentimiento. Es decir, que el director del posgrado matriculaba a gente sin que lo supiesen. Pero Rodríguez-Medel le preguntó cómo era posible si se requiere de numerosa documentación para poder acceder al título, a lo que Temboury explicó que solicitó plaza para dar clase de Derecho Privado en la URJC y que tuvo que entregar numerosa documentación a la universidad.
De esta manera, Rodríguez-Medel sospecha que esa documentación que entregó Temboury la utilizó Álvarez Conde para apuntarle al máster. El motivo de esta acción tiene que ver con el rédito económico que obtendría el director, ya que el máster necesita un número mínimo de alumnos para poder desarrollarse y el Instituto de Derecho Público necesita justificación para pedir subvenciones, ayudas privadas y presupuesto a la Comunidad de Madrid.
Además, se ha detectado que Álvarez Conde controlaba las cuentas de la institución y que este realizaba transferencias a familiares o gastaba el dinero a sus anchas.
