A partir del 12 de abril o, en el caso de que haya prórroga, a primeros de mayo. Estas podrían ser las fechas en las que se comenzaría a activar la 'operación salida', el abandono de los confinamientos por el coronavirus para regresar a nuestra vida normal.
Sin embargo, la vuelta a la normalidad no se producirá de un día para otro. El Ejecutivo prevé levantar las restricciones de manera progresiva, incluyendo la limitación de movimientos y el parón de la actividad económica que se ha registrado durante los últimos días.
El escenario, sin embargo, está abierto todavía. Los factores a tener en cuenta se encuentran en la situación sanitaria, sobre todo en la evolución de la curva de contagios y el número de fallecimientos, que determinarán la hoja de ruta a seguir.
El punto de inflexión se ha establecido en el pico de contagios, donde se comenzará a preparar un plan para afrontar una segunda oleada de propagación y se evaluará al detalle la respuesta ofrecida hasta el momento.
Cuando pase el período más crítico de la enfermedad, además, se empezarán a aplicar progresivamente una serie de medidas económicas con el objetivo de estimular el movimiento de dinero y, a la vez, garantizar la protección social de las personas que se han visrto más afectadas por esta crisis.
Sin embargo, el Gobierno enfrenta nuevamente un período de incertidumbre. A falta de llegar hasta ese punto de inflexión, las primeras medidas de choque que se han anunciado han encontrado un rechazo frontal en los partidos de la oposición, que critican la exclusión a la que se ven sometidas por parte de Moncloa. A ellos, se suma el PNV, que ahora rechaza apoyar los planes del presidente (sobre todo en materia económica, puesto que chocan con el ADN de un partido conservador).
Sin apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados, las propuestas del Gobierno decaerían, de ahí la mesa de negociaciones que Pedro Sánchez quiere impulsar con todos los partidos políticos con representación. El Gobierno también ha empezado a pedir perdón (aunque discretamente) por los errores cometidos y ha apelado a la urgencia que representa esta crisis. El único objetivo: evitar la paralización institucional en un contexto como el que vivimos actualmente.
El objetivo situado en el PP
Con un Congreso tan fragmentado y con una serie de acuerdos de investidura con encaje complicado, el Gobierno ha puesto el objetivo en el PP: un solo acuerdo de Estado, enfocado únicamente en la gestión de la crisis, daría solidez parlamentaria y rapidez para aprobar medidas que carecen teóricamente de cariz político.
Sin embargo, la formación de Pablo Casado tiene difícil asumir el asunto de la derogación de los despidos sustentados en la actual crisis del coronavirus. Por ello, en Génova hay un cierre frontal: si no se modifica el paquete de medidas, en ningún caso apoyará los decretos del Ejecutivo.
Mientras tanto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, lo más próximo a un alma neoliberal en el actual Gobierno de coalición, está haciendo el encaje de bolillos para tentar a los de Pablo Casado. Asegura que no habrá paralización total de la economía, que se están dejando únicamente las constantes vitales para revivirla en cuanto sea posible y que los planes únicamente buscan salvar a los colectivos más desfavorecidos que también serán fundamentales para volver a recuperar la economía y no experimentar una brusca caída en el consumo.
Por el momento, la línea con el PP está rota. Pedro Sánchez y Pablo Casado llevan 10 días sin dirigirse ni una sola palabra. En el PSOE hay cierta sensación de confianza en que nadie votará en contra de un decreto en estas circunstancias porque esa decisión podría restar credibilidad en formaciones que se venden como partidos de Estado. Sin embargo, no todo está tan claro: las críticas empiezan a florecer, incluso, entre quienes apoyaron su investidura. Sin duda, una de las grandes flaquezas del Gobierno en esta crisis se está situando en su diálogo con la oposición.
