La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha presentado sus conclusiones tras una exhaustiva investigación sobre las 7.291 personas que fallecieron en estos centros ente marzo y abril de 2020, en los peores momentos de la primera ola de la pandemia del coronavirus.
"En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad que pudo y debió haberse evitado", dicta el informe, que estima que si no se hubieran aplicado criterios "discriminatorios" se podrían haber salvado 4.000 vidas. Además, señala que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso dio una respuesta "inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.
Cabe estacar que el exceso de mortalidad en las residencias de la región fue el doble que en otras comunidades autónomas. No solo esto, sino que la Comunidad de Madrid es la región que tuvo un mayor exceso de mortalidad en toda Europa por Covid-19: Un 44% más en 2020 que en el periodo 2016 a 2019.
Hay que tener en cuenta que la cifra de 7.291 hace referencia a los fallecimientos de personas que no fueron derivadas a un hospital debido a los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que impedían el traslado de todos aquellos que no tuvieran seguro privado. No obstante, el número de muertes en residencias es todavía mayor: entre marzo y abril fallecieron 9.470 residentes, uno de cada cinco.
La Comisión señala que la muerte de miles de personas "podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada", un interés al que "los residentes tenían igual derecho que el resto de la ciudadanía". Esa "falta de prevención y de atención", apunta el informe, "fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles".
"Las personas que tenían su casa en los centros residencial vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por tener una enfermedad", expone el informe.
Contundente con el papel de la Comunidad de Madrid
A pesar de las continuas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, el forme concluye que "la denominada medicalización de las residencias no se llevó a cabo de ningún modo". De esta forma, la Comisión señala que el Gobierno regional infringió el derecho a la atención sanitaria y vulneró el derecho a la vida al "reducir drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales" en el mismo periodo, "sin haber previamente medicalizado" dichos centros "para ofrecer la misma atención sanitaria que hubiera recibido el paciente en un hospital".
Y todo ello, a pesar de que existían alternativas, según señala la Comisión, a las que la Comunidad de Madrid se negó a recurrir. El mayor ejemplo es el hospital provisional instalado en IFEMA, del que tanto presumió Ayuso pero al que solo se trasladaron "23 pacientes leves desde residencias".
"El hospital de IFEMA no fue el hospital milagroso que sorprendió al mundo, sino un hospital propaganda que arrebató a muchos ancianos su opción por la vida o, al menos, por una muerte digna", ha sentenciado el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión y encargado de presentar el informe.
La Comunidad, a través de su Consejería de Sanidad, tampoco "permitió derivar pacientes desde las residencias" hacia los hospitales privados, "salvo que tuvieran seguro privado", ni al conjunto de los catorce hospitales medicalizados. "En el momento de mayor ocupación", estos hospitales utilizaron 837 camas de las 1.036 que tenían disponibles. Había sitio, pero la Comunidad "no autorizó" la derivación: "A pesar de que se publicitó que el sistema público-privado unificado funcionaría como un solo hospital que salvaría muchas vidas, lo cierto es que entre ellas no se encontraban las de las personas mayores sin seguro privado".
Por todo lo expuesto, el informe establece que "el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo".
Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, ante la falta de interés y voluntad de las autoridades políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre qué sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.
La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, así como de informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y testimonios de familiares.
