La contaminación es uno de los mayores problemas medioambientales del siglo XXI. Y no es sólo cuestión de salud, sino de consecuencias y sanciones a las que los países que forman parte de la Unión Europea se tendrían que enfrentar en caso de no cumplir las demandas requeridas por la Comisión Europea en Bruselas, encargada de velar por la salud de la población que vive en aquellos países.
En este caso, le ha llegado el turno a Madrid y Barcelona, que están a la espera de una resolución final por parte de los ecoinspectores de Bruselas acerca de la crítica situación de polución que aflige a ambas ciudades. Por ahora, la institución exige al Gobierno estatal y regional de las dos ciudades que tomen medidas adicionales que pongan remedio a la "grave" condición del aire que sus ciudadanos respiran cada día. Tal es así, que desde Bruselas ya se ha anunciado que podrían llevar a España a los tribunales si Madrid no toma medidas anticontaminación.
El maltés Karmenu Vella, comisario europeo al frente del campo mediambiental, ha enviado una carta al Gobierno español que recoge un informe que no expone ningún resultado favorable en cuanto a los datos de contaminación en las últimas semanas. Los niveles establecidos por Bruselas consideran que la calidad del aire aún no es la adecuada y que se siguen superando los límites de dióxido de nitrógeno establecidos por la directiva europea.
Pese a los intentos de los Ayuntamientos de ambas ciudades, con restricciones a los coches más contaminantes y la vuelta a las multas de Madrid Central, Vella advierte a las Administraciones del país que "deben movilizarse y contribuir con medidas" para mejorar la calidad del aire, ya que al parecer, lo establecido por el momento no bastaría para cumplir con la legalidad necesaria. El pobre impacto de las medidas tomadas para combatir la contaminación llegaría a Vella a través del informe de calidad del aire, enviado por el Ministerio para la Transición Ecológica cada año, en el que el Gobierno español admite que los incumplimientos se siguen produciendo en Madrid y Barcelona.
Otros países ya han sido multados
Las sanciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría aplicar a España si se sigue haciendo caso omiso a las advertencias de los ecocomisarios amenazan económicamente al Gobierno, como la multa millonaria de 22 millones de euros a la que hace frente por no depurar bien las aguas residuales en las costas españolas, efecto que también está empeorando la calidad del agua en muchas playas del país.
Sin embargo, aunque aún no se ha materializado, sí que se ha aplicado a otros países tras una cumbre de ministros de medio ambiente que tuvo lugar en enero de 2018 para abordar el "incumplimiento contumaz de la norma de calidad de aire" en algunos estados miembros de la UE, tras lo que después de reclamar planes de mejora y no cumplirse, seis países tuvieron que hacer frente a la denuncia del Tribunal de la UE: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rumanía y Hungría.
Otros países como República Checa, Eslovaquia y España deberían esperar hasta 2020, en el punto de mira, hasta comprobar que se han empezado a respetar los niveles que la Unión Europea fija para la garantizar la calidad del aire y la salud de sus habitantes. De ahí la carta del comisario Karmenu Vella, pues solo faltan unos meses y la situación es algo más que delicada. Teresa Rivera, al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha apelado a la colaboración entre los Ayuntamientos y Administraciones de ambas ciudades para "trabajar conjuntamente en la toma de medidas adicionales y complementarias".
