Obstruir un procedimiento oficial, incitar a una insurrección, conspirar para defraudar al Gobierno federal y realizar una declaración falsa. Estos son los cuatro delitos por los que un comité legislativo, el encargado de las investigaciones por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, determina que Donald Trump debe ser imputado por el Departamento de Justicia, siendo la primera vez que se pide hacer responsable penalmente a un exmandatario estadounidense.
El 6 de enero de 2021, mientras se hacía la entrega de poder a Joe Biden, en las inmediaciones del Capitolio se reunieron alrededor de 10.000 personas para manifestarse en contra de los resultados de las elecciones, ya que Donald Trump aseguraba que habían sido amañadas. 800 de esos manifestantes asaltaron el edificio, provocando altercados que dejaron cinco muertos y un total de 140 agentes heridos. Mientras el asalto ocurría, Trump lo justificaba a través de su cuenta de Twitter, que en el momento fue bloqueada por la red social.
Según la demócrata Elaine Luria, Trump pensaba que "las acciones de los asaltantes estaban justificadas" y que el mayor descubrimiento de la investigación fue el hecho de que estuviera viendo lo que estaba ocurriendo a través de la televisión, sin hacer nada al respecto. "Fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder de forma pacífica al siguiente", comentaba Luria.
De la misma manera, se investigaba la intención que tuvo Trump de poder obstruir o paralizar la transferencia de poderes con el siguiente presidente. Según Jamie Raskin, integrante demócrata del comité de investigación, el por entonces presidente no actuó en solitario, ya que contó con la ayuda de varias personas con influencia, incluido el abogado John Eastman, con el que Trump había tenido contacto en las anteriores semanas para defraudar al Gobierno federal.
El demócrata asegura entender la "gravedad de las sugerencias" y la "magnitud del delito contra la democracia" que están describiendo en el informe. "Hemos ido adonde nos llevan los hechos y la ley, e inevitablemente nos llevan ahí", finaliza. Raskin espera que cuando la investigación llegue al Departamento de Justicia se puedan ofrecer mas detalles acerca de estas relaciones y de quienes eran los encargados de poner estas trabas legales.
Siete miembros del partido demócrata y dos del republicano son los integrantes del comité de investigación encargado de realizar este informe. La decisión de pedir a la justicia que actúe contra el expresidente fue unánime.
¿Qué va a ocurrir ahora?
El caso pasará ahora a manos de la justicia cuando se presente el informe final el miércoles 31 de diciembre. Este informe lo recibirá el fiscal general Merrick Garland, quien en noviembre encargó ya que se investigara al expresidente por su posible implicación en el asalto, así como por el descubrimiento de unos documentos clasificados encontrados en su residencia de Florida, que no habían sido devueltos al Gobierno.
La investigación se ha acelerado en los últimos meses ya que, a partir del 3 de enero habrá una mayoría republicana en la nueva Legislatura, que probablemente disuelva el comité, que en los últimos meses ha realizado alrededor de 1.000 entrevistas a los implicados en el asalto al Capitolio.
