En pleno estallido constante de casos de corrupción en el seno del Partido Popular, la formación conservadora se ha dedicado a colocar a jueces de su 'propia cuerda' a fin de evitar un varapalo judicial de proporciones mayúsculas. Algunos jueces, incluso, han sido apartados en cuanto mostraron su disposición de profundizar en las investigaciones.
Su capacidad de influencia en la magistratura, a cuenta de manejar el bastón de mando en La Moncloa, ha provocado algunas destituciones y nombramientos que constituyen un auténtico escándalo.
Entre los afectados por estos movimientos se encuentran los jueces críticos Julio de Diego y, sobre todo, Ángel Hurtado. Este último es especialmente relevante porque fue el responsable de sentar en el banquillo a Mariano Rajoy. Ahora ha sido cesado.
Tras el cese de los dos jueces críticos, se colocó al frente del caso a Pablo González y María José Rodríguez Duplá. González fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP entre los años 2001 y 2008. Es decir, se ha mantenido en el puesto durante siete años gracias al Partido Popular y ahora será el responsable de juzgar un caso de corrupción de esta formación política.
Junto a los dos magistrados afines, en la terna de jueces que investigan la Gürtel tan sólo sobrevive José Ricardo de Prada como miembro crítico con el partido. Sin embargo, queda en una seria postura de debilidad tras los cambios por caras 'más amables con el PP'.
Otros movimientos sospechosos
El mencionado cambio de magistrados no es una excepción. Los movimientos de jueces encargados de investigar la trama Gürtel han sido una constante durante todo el proceso judicial.
Los nombres de personas incómodas para la formación de Mariano Rajoy han sido apartados de forma constante hasta quedar fuera de la investigación que podría poner en serio peligro al actual presidente del Gobierno.
Entre estos nombres propios, se encuentra también el juez instructor, Pablo Ruz. Comenzó instruyendo el caso, pero a mitad de su trabajo, cuando pidió una prórroga, vio cómo era apartado de manera fulminante.
Tras este cese, se colocó al frente del tribunal que juzgaría el caso a Concepción Espejel, especialmente vinculada al Partido Popular y, sobre todo, a la secretaria general María Dolores de Cospedal (que acostumbra a llamarla Concha gracias a la íntima relación entre ambas).
Por estas vinculaciones, Espejel fue recusada lo que, sorprendentemente, terminó presidiendo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que su capacidad de influencia es máxima. Tan 'ascendida' que, precisamente, ella ha sido la responsable de organizar el último relevo de jueces críticos a otros que se encuentran dentro de la órbita del Partido Popular. Todos los cambios se han realizado con el único apoyo del PP y en contra del criterio de todo el arco de la oposición.
'Amigos' en la Fiscalía y fuertes presiones sobre los testigos
La colocación de caras cercanas al Partido Popular no se ha limitado a los magistrados instructores o responsables del juicio. También, a otros órganos imprescindibles para garantizar un juicio imparcial, como la Fiscalía. Entre ellos, destaca Manuel Moix, amigo de Ignacio González, que se mantiene en el cargo a pesar de haber anunciado su dimisión por una cuenta en Panamá. Ignacio González, imputado en Lezo y Púnica, llegó a decir en una conversación privada: "A ver si colocamos a Moix en Anticorrupción, es un tío serio".
Por su parte, los testigos del caso (los agentes de Policía que formalizaron la denuncia), han denunciado ser objeto de constantes presiones para cambiar su versión de los hechos relatados ante el tribunal.
Es decir, por tanto, el PP será juzgado en un caso de corrupción por un tribunal que, precisamente, ha sido impuesto desde Génova. Más detalles, en este vídeo de 'Las Mañanas de Cuatro':
