El intercambio de cartas entre la Generalitat de Carles Puigdemont y el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy no ha frenado la espantada generalizada de las grandes, medianas y pequeñas empresas de la comunidad catalana. La última en sumarse al carro de los que huyen de las turbulencias políticas y económicas ha sido la tradicional empresa de cava Cordoníu.
Pese a ser la empresa española más antigua y residir en Cataluña desde que se fundara en 1551, el consejo de administración de Unideco, el conglomerado de la compañía Cordoníu Raventós, ha decidido firmemente trasladar su sede social a la localidad de Haro, en La Rioja.
Incertidumbre política
Si en los primeros pasos del procés hubo algún empresario que apoyó nítidamente a los soberanistas, a día de hoy no queda casi ninguno que se adhiera a los postulados del Govern. La economía manda y lo que importa finalmente a las empresas es que exista una estabilidad política que de una seguridad jurídica a sus negocios.
Es precisamente esta lucha de egos entre la Generalitat y el Ejecutivo central la que ha provocado que las grandes compañías lideradas por Sabadell y Caixabank decidan abandonar la sede social que hasta ahora mantenían dentro de la comunidad presidida por Puigdemont.
En un comunicado oficial, Cordoníu ha afirmado que adoptaba esta decisión debido a la incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra "sumida Cataluña". Con este paso adelante, la empresa pretende garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes sin esperar a la vuelta a la legalidad de la Generalitat que le exige Rajoy a Puigdemont.
La presidenta de la empresa del cava más famoso de España, María del Mar Raventós, ha asegurado que esta decisión es de una "dureza significativa". Esto se debe a que Cordoníu se encuentra ubicada en Cataluña desde sus inicios, allá por el año 1551, y que ninguna de las generaciones que ha controlado los negocios ha tenido que tomar una medida parecida.
Pese al cambio de la sede social, la compañía afirma que mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados de los centros actuales. Este hecho contrasta con las turbulencias vividas hace un año dentro del conglomerado Cordoníu Raventós, puesto que la situación económica de la empresa desembocó en la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 71 personas.
La cercanía de la campaña de navidad y la confianza de los clientes en el resto de España han sido factores clave para que la empresa de cava tome esta decisión. El mercado español supone un importante sector de consumo y el miedo a un boicot por parte del resto de españoles ha propiciado este giro de guión.
Esta confianza se ha visto mermada cuando el pasado mes de septiembre la Guardia Civil la relacionó con Unipost. Esta compañía está controlada por miembros de la familia Raventós y colaboraba con el envío de papeletas y tarjetas censales para la celebración del referéndum ilegal. Cordoníu aseguró entonces que no tenía ninguna relación con Unipost, pese a que fuera dirigida por la misma familia.
Desplante del sector bancario y empresarial
El miedo ante la posibilidad de que Puigdemont declarara unilateralmente la independencia en su comparecencia del 10 de octubre provocó una fuga masiva de las grandes del Ibex 35 que lideraron Sabadell y Caixabank. Siguiendo su estela, cientos de medianas y pequeñas empresas que conforman las PYMEs españolas comenzaron a dejar atrás a Cataluña.
La falta de una respuesta clara por parte de Puigdemont al requerimiento de Rajoy para que confirmara si había o no declarado la independencia, ha provocado la indignación en el sector. El presidente de la Cámara de Comercio de España ha criticado duramente la ambigua contestación mediante misiva del President y la ha considerado "una manera de no contestar". Asimismo, el también presidente de Freixenet -el principal competidor de Codorníu- José Luis Bonet, ha pedido a la Generalitat a retomar el orden constitucional y "no perturbar el ciclo positivo de la economía".
Sobre la posibilidad de que Freixenet siga la estela de las otras empresas, Bonet ha querido dejar claro que aún no hay ninguna decisión tomada y que, en cualquier caso, se decidirá en el consejo de la firma que está convocado para este mismo mes.
Las corporaciones que han decidido marcharse de Cataluña o que todavía se encuentran en proceso de llevar a cabo este traslado, conforman el 50% del PIB de la comunidad catalana. Este medidor alcanza los 210.000 millones de euros y casi 90.000 de ellos es el valor que cotizan las compañías que huyen de los planes soberanistas.
Con esta decisión, las compañías del sector bancario y empresarial pretenden proteger su capital frente a una eventual legalidad paralela en caso de que Puigdemont continúe con su desafío al Estado, pese a que el artículo 155 ya se ha puesto en marcha con el requerimiento solicitado por el Gobierno central.
Restauración de la legalidad
El Gobierno de Mariano Rajoy activó el artículo 155 de la Constitución con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Con la puesta en marcha de esta excepcional medida, se requirió a Puigdemont que respondiera si había declarado o no la independencia. El plazo establecido finalizaba el lunes 16 de octubre a las diez de la mañana. Sin embargo, el President de la Generalitat enviaba una misiva en la que no aclaraba nada y solicitaba lo mismo que el día de su comparecencia en el Parlament: diálogo.
Por su parte, el Gobierno central ha respondido que la única vía de diálogo que se puede llevar a cabo será a través de la legalidad una vez Puigdemont confirme o no si ha habido DUI. Rajoy afirma que el dirigente catalán "será el único responsable de la aplicación de la Constitución". Asimismo aclara que el Ejecutivo central no pretende suspender la autonomía catalana pese a lo que suponga el 155, sino que implica "la restauración de la legalidad en la autonomía", dejando así todo el peso de la responsabilidad sobre el Govern.
Un nuevo plazo se ha abierto para determinar el futuro del conflicto entre Cataluña y España: Puigdemont tiene hasta el jueves 19 de octubre a las diez de la mañana para que el President aclare que "no tiene que revocar la independencia porque no la ha declarado". El Gobierno de Rajoy asegura que no se aplicará el 155 si se vuelve a la legalidad, "condición previa para cualquier diálogo democrático".
Las agujas del reloj ya se han puesto en marcha, una vez más, para determinar cuál es el destino de los millones de catalanes que se encuentran en tensión desde hace meses. Sin duda alguna, parece que a cada nuevo plazo establecido para intentar encauzar la situación catalana, resulta cada vez más difícil reparar una fractura social y económica que está abocada a llegar a un punto de no retorno.
