La reforma de las pensiones será una realidad y se realizará de forma inminente, tal y como han defendido las partes implicadas en la negociación. La reunión tendrá lugar el próximo lunes 28 de junio, a partir de las once de la mañana, cuando se cerrará el texto que regulará un nuevo regulatorio que cuente con el beneplácito de todos los agentes sociales, condición necesaria para su ejecución.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivà, junto con las patronales CEOE y Cepyme; así como los sindicatos UGT y CCOO, llevan meses negociando todos los aspectos. La mayoría de los aspectos hace semanas que ya están cerrados, pero quedaban todavía algunos "flecos" por resolver, que previsiblemente se arreglen en el encuentro del próximo lunes.
Esos "flecos" tienen una gran carga técnica, pero están relacionados con los acuerdos de peso alcanzados sobre las materias fundamentales de esta reforma. La segunda reforma de las pensiones se aplazará hasta 2022 y se abordarán otros aspectos como el cómputo de años para calcular la pensión, la subida de las bases máximas de cotización o cambios relativos a las pensiones máximas.
Algunas de las claves de la reforma
- Revalorización de las pensiones: ajuste al IPC
- Adiós al factor sostenibilidad: hola al factor equidad intergeneracional
- Atrasar la edad de jubilación
El Gobierno quiere un sistema que garantice la revalorización de las pensiones, para evitar que los pensionistas sufran una pérdida de poder adquisitivo con el paso de los años. Por ello, se ajustarían las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).
El resultado del IPC y su impacto en las pensiones, además, sería objetivo de revisión cada cinco años por parte del Pacto de Toledo para garantizar que no haya ninguna falla en el sistema durante el transcurso de los años.
En cuanto a la segunda parte de la reforma, el líder de CCOO, Unai Sordo, también planteó que las pensiones se financien "preferiblemente con cotizaciones", pero no solo con ellas, sino que incorporen también dinero de los Presupuestos Generales del Estado a través de transferencias. Esto, a su juicio, garantizaría la viabilidad del sistema, sobre todo cuando se espera un aumento de gastos en pensiones de tres o cuatro puntos del PIB y un envejecimiento considerable de la población. Sin embargo, quedó en una mera propuesta: "No está dentro del perímetro de las cosas que estamos negociando", aseguró.
El nuevo acuerdo también elimina de inmediato el factor sostenibilidad, una medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) bajo el pretexto de mantener la viabilidad de las pensiones y el equilibrio financiero, que nunca llegó a entrar en vigor -iba a ser aprobado en 2019, pero fue prorrogado hasta 2023-.
Este factor buscaba ajustar el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida. Ahora primará el factor de equidad intergeneracional, que se negociará en un plazo de seis meses con un nuevo filtro. "Queremos definir un esquema que no solo valga para las generaciones actuales, sino también para las futuras", defiende Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Con el aumento de la esperanza de vida, también se contempla desincentivar que haya jubilaciones anticipadas. Por ello, se quiere acercar la edad legal a la de jubilación real, acercando a haremos que se manejan en otros países europeos.
Para ello, se aplicarán coeficientes reductores a quienes decidan jubilarse anticipadamente que afectarán a la cantidad final en función del periodo de tiempo que hayan decidido adelantarla. Según el tiempo, esa cuantía podría llegar hasta los 12.60,12 euros por cada año de demora.
El Ministerio entiende que, con ello, se puede conseguir un desahogo en las arcas del Estado (las jubilaciones suponen el 71,5% de los 143.046 millones de euros de la partida de subsidios dentro de los Presupuestos Generales del Estado en 2012) y una mayor base de cotizantes. España es uno de los países de la OCDE con trabajadores entre 55 y 64 años con menor tasa de empleados en activo.
