El Consejo de Ministros ha aprobado el plan de regeneración anunciado por Pedro Sánchez durante el período de reflexión de cinco días tras la judicialización de la causa contra su esposa, Begoña Gómez.
Se trata de un compendio de una treintena de medidas bajo el argumento de fomentar el derecho a la libertad de expresión (se modifican delitos como ofensa a los sentimientos religiosos o las injurias a la Corona y altas instituciones del Estado) o la transparencia.
Sobre este último punto, destacan algunas medidas, como exigir por ley que todos los medios expliquen al detalle su propiedad. También una mejora en las herramientas para detallar las audiencias, que servirá para cambiar el reparto de la publicidad institucional, puesto que el Gobierno alega que obedece en muchas ocasiones a criterios partidistas.
El Gobierno justifica esta decisión en la necesidad de garantizar que las ayudas públicas estén vinculadas con el alcance real de las publicaciones y evitar que los medios puedan depender prácticamente en exclusiva del poder político, siendo así un instrumento más en su poder.
Sobre la calidad de las informaciones y la cuestión de los bulos, el Gobierno no anuncia ninguna medida intervencionista en esta cuestión y apuesta por la autorregulación de los medios. En todo caso, sí plantea una comisión específica en el Congreso de los Diputados que analice la desinformación y sus consecuencias en las democracias, siguiendo la estela de otros países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
La norma también incluye un registro público de medios de comunicación, donde se detalle su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Las administraciones públicas también estarán obligadas a explicar el dinero dedicado a publicidad en los medios y a quién se ha destinado.
Además, en la ley de publicidad se exigirá un incremento de la transparencia, proporcionalidad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos cuando se programen campañas institucionales, evitando de este modo beneficios solo para aquellos vinculados al poder de una administración.
También se creará una nueva ley del secreto profesional que garantizará la protección de las fuentes y normas que tienen como objetivo "garantizar el pluralismo", teniendo como función evitar la concentración de medios de comunicación en pocos conglomerados. Las medidas serán supervisadas desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Elecciones y derechos
La reforma legislativa también plantea un cambio en las leyes del derecho al honor y rectificación, que busca una "mejora del sistema" destinado a instar y lograr la rectificación de aquellas informaciones falsas o tendenciosas, que incluirá "indemnizaciones y plazos adecuados".
La desinformación es clave y contra esta lacra el Gobierno anuncia una "estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación" que estará dirigida por el departamento de seguridad nacional y enfocada en evitar que otros países puedan practicar la injerencia en procesos electorales.
Además, se prevé un cambio en la ley electoral para hacer obligatoria la presencia de los candidatos en los debates electorales. Además, las empresas tendrán la obligación de publicar los microdatos de sus trabajos para que sean públicos junto a los resultados anunciados. Además, será obligatoria la celebración anual del debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados.
Entre otros cambios del plan de regeneración, se incluye un mayor control en los cargos públicos, que también ajustará el conflicto de intereses para prevenir la corrupción y la exigencia de rendir cuentas cada seis meses en todas las administraciones. También se crearán dos nuevas unidades en la Fiscalía General del Estado para favorecer la eficacia en la lucha contra la corrupción.
Además, se refuerza la ley de partidos y el reglamento del Congreso y Senado, que obligará a los representantes a hacer públicas cuentas, préstamos y declaración de bienes, incluyendo sanciones, que hasta ahora no se habían contemplado.
