La modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, llegaba esta mañana al Congreso de los Diputados para debatir las enmiendas a la totalidad planeadas por Podemos, Junts y ERC, aunque, finalmente, ha sido retirada del orden del día para evitar que esta decayese, al no contar el PSOE con los apoyos parlamentarios necesarios.
En varias ocasiones, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han afirmado que este cambio normativo era necesario para poner fin a la "inseguridad jurídica" que se ha generado en la planificación de las ciudades. La cartera liderada por Isabel Rodríguez cifra "en más de 100" los planes generales de ordenación urbana (PGOU) anulados, además de los que no se han redactado y tramitado por la posibilidad de que un recurso "tumbara el trabajo de varios años".
Tras retirar del orden del día de la Cámara Baja la tramitación de las enmiendas a la totalidad, la Ministra de Vivienda, en rueda de prensa, ha mostrado su "satisfacción" por "haber cumplido con su palabra y los compromisos asumidos con los ayuntamientos y comunidades que pidieron esta reforma, además del sector inmobiliario y sus profesionales, cuyo objeto es objetivo contribuir al desarrollo del acceso a la vivienda".
Mayor seguridad jurídica en el urbanismo
Este cambio en la regulación busca dotar de mayor seguridad jurídica a la planificación urbanística de las ciudades, evitando que los planes generales decaigan por defectos de forma. Con la norma existente y en vigor, un pequeño error en la tramitación de un plan general de estas características suponía la nulidad de toda la propuesta en los tribunales.
La reforma aprobada en el Consejo de Ministros creaba la figura de la nulidad parcial, de la cual se podrían beneficiar los planes que incurriesen en errores menores y que no afecten a aspectos sustanciales, dando un plazo de un año (prorrogable en seis meses más) a los ayuntamientos para solventados.
Algunos partidos han criticado que la medida resta capacidad a las organizaciones vecinales y ecologista para recurrir estos planes. Desde Vivienda, creen que es todo lo contrario: "Lejos de favorecer pelotazos o liberalizaciones, la nueva Ley del Suelo intenta evitar prácticas espurias y mejorar la seguridad jurídica, estableciendo un marco regulatorio muy sólido y reclamado".
"Si queremos tener ciudades sostenibles y mejor movilidad, es necesario tener todos los instrumentos necesarios", añadían las mismas fuentes. La Ley de Suelo mantiene la nulidad total "cuando hay defectos sustanciales", que permite "impugnar y anular de pleno derecho" un plan general.
Cambios en el silencio negativo
En la modificación de la Ley de Suelo también se incluye cambios en el silencio negativo. Este fenómeno supone que, cuando una administración pública no responde a la petición de un permiso, se entiende que no ha sido concedido.
Ahora, si la tramitación prospera, se establecerá que cuando una promoción de viviendas sea llevada a cabo por un ente público, pasado el plazo sin contestación, el silencio será positivo para garantizar su puesta en marcha.
"Se trata de una modificación sencilla y reclamada con bastante insistencia por entidades locales, comunidades autónomas y el sector", señalan desde el Ministerio de Vivienda. La Comunidad de Madrid, liderada por el PP, incluyó una figura similar en su Ley Ómnibus.
Exigencia de tribunales, comunidades, ayuntamientos y patronales
Este cambio en la Ley de Suelo empezó a gestarse, en 2018, durante la última legislatura de Mariano Rajoy, y fue recuperada en 2022, pero en ambas ocasiones decayó.
Ahora, tras la creación del Ministerio de Vivienda, ha sido uno de los primeros cambios legislativos impulsados por Isabel Rodríguez. En repetidas ocasiones, la doctrina del Tribunal Constitucional ha solicitado una reforma de estas características ante las múltiples nulidades de planes generales en los tribunales.
También varias comunidades, en la Declaración Xacobeo 21-22, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han impulsado manifiestos solicitando una reforma para dotar de mayor seguridad jurídica al urbanismo.
Por último, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que representa a las empresas promotoras, constructoras y desarrolladores de suelo, en varios comunicados ha apuntado que "es una muy buena noticia que, después de tantos años de inseguridad jurídica en lo que se refiere al planeamiento urbanístico de nuestro país, se aporten soluciones que permitan un marco regulatorio que garantice la viabilidad de nuestras ciudades y una mayor certidumbre en el sector de la vivienda".
