Durante estas semanas en las que Mariano Rajoy ha ejercido como presidente se ha podido comprobar cómo de difícil se avecina esta legislatura. Atrás queda la mayoría absoluta con la que se ha gobernado en los últimos cuatro años, y por delante queda una gran ronda de negociación para aprobar los Presupuestos Generales de 2017. Por ahora, el Gobierno ha logrado aprobar el techo de gasto y el objetivo de déficit, pero también se han puesto en marcha medidas que buscan aumentar el ingreso a las arcas del Estado.
Estas son cinco claves sobre el objetivo de déficit que España debe alcanzar durante 2017.
1 El objetivo de déficit
Según lo pactado con la Unión Europea, el déficit español deberá bajar hasta el 3,1% del PIB para el año siguiente. Según las previsiones del Gobierno, esto iba a ser posible en parte gracias a un crecimiento del PIB superior a lo esperado. Según los cálculos de Bruselas, las Administraciones Públicas españolas cerrarán este año con un desvío del 4,6% del PIB.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario afirma en sus previsiones de otoño que el déficit público de 2017 no cumplirá el objetivo, sino que se quedará en un 3,8%, siete décimas por encima. Esto equivale a un desfase de 7.700 millones de euros. Según estas previsiones, España será en 2017 el único país que tenga un déficit superior al 3%, después de que Grecia y Portugal superen esa barrera.
2 La aprobación del techo de gasto
A pesar de que todavía no hay un acuerdo sobre el Presupuesto de 2017, el pasado 15 de diciembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el techo de gasto gracias al acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. El techo de gasto es uno de los instrumentos que utiliza el Gobierno para que las Administraciones Públicas no se vean afectadas por los efectos cíclicos de la economía. En teoría, se trata de que no se dispare el gasto no financiero en época de bonanzas y que no se reduzca en tiempo de estrecheces. En la práctica funciona como freno para el gasto de las Administraciones Públicas.
El acuerdo sobre el techo de gasto para 2017 asciende a 118.337 millones de euros, una cifra coincidente con el gasto del 2016, pero 5.000 millones inferior al que estaba inicialmente previsto.
Esta ley es muy importante porque de ella va a depender lo que las Administraciones públicas podrán gastar durante todo el año, con lo que supone un primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2017.
Este acuerdo, sin embargo, ha levantado críticas entre la oposición, que considera que al no incrementarse este techo de gasto, se están consolidando los recortes que se vienen produciendo desde hace años.
Por otro lado, fuera del techo de gasto queda la partida de intereses de la deuda. Esta partida, además, es prioritaria desde la reforma del Artículo 135 de la Constitución en 2011. Se prevé que para el año que viene la partida aumente en torno a 2.000 millones de euros.
3 Los objetivos de estabilidad presupuestaria
El mismo día también se aprobaron los objetivos de estabilidad presupuestaria. Estos objetivos prevén que las Comunidades Autónomas tengan una meta de déficit del 0,6% del PIB en 2017, al tiempo que el objetivo de la Seguridad Social será del 1,4%, el del Estado del 1,1% y el de los Ayuntamientos del 0%.
Las Comunidades Autónomas son las que soportan el peso de las principales competencias, como la sanidad y la educación. Además, también han influido en los últimos años en la reducción del déficit. Una reducción en su capacidad de gasto influye necesariamente en una reducción de los servicios que se presta a la ciudadanía.
La aprobación de estos objetivos y del techo de gasto no ha estado exento de cierta polémica. Estos objetivos han tenido luz verde gracias al pacto con el PSOE, que a cambio pedía que el PP apoyase la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 8% respecto a 2015. Así, el SMI subirá en 52,4 euros, pasando de 655,20 euros a 707,60 euros mensuales en 14 pagas.
Sin embargo, la polémica surge porque el 22 de noviembre ya se había aprobado en pleno una subida del SMI a 800 euros en 2018 y 2019, y que alcanzase los 950 en 2020, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea, que sitúa el SMI en el 60% del salario medio. Esta proposición de ley, sin embargo, no es de obligado cumplimiento por el Gobierno, que después de haber alcanzado un pacto con el PSOE subirá el SMI sólo hasta los 707,60 euros.
Es decir, a cambio de 52,4 euros más al mes para aquellos trabajadores que perciban el SMI, se ha aprobado un recorte de 5.000 millones de euros y un déficit para las comunidades autónomas que probablemente repercutirá en los servicios a los que tenga acceso el ciudadano.
4 El aumento de los impuestos
Para aumentar los ingresos, el Gobierno ya alertó de que no pensaba aumentar el IVA o el IRPF. Así, ha aprobado una supresión de exenciones y deducciones del Impuesto de Sociedades, con el que se espera recaudar 4.600 millones de euros.
Por otro lado, también se ha producido un aumento de los Impuestos Especiales, que gravan el alcohol y el tabaco. Así, suben los impuestos para cigarrillos (2,5%) y para picadura de liar (6%), así como para las bebidas alcohólicas destiladas (5%). Este nuevo impuesto no afecta a la cerveza, que cuenta con un impuesto particular, ni al vino, que está bonificado.
Otro de los impuestos que se plantean aprobar es el que grava las bebidas con alto contenido en azúcar o carbonatadas. Es decir, las bebidas light o cero también se verán afectadas por un impuesto que prevé recaudar en torno a 200 millones de euros. Este impuesto ya está en marcha en otros países, como Portugal o Reino Unido, y bloqueará el que ha anunciado la Generalitat, puesto que dos administraciones no pueden gravar lo mismo.
5 El Estado del Bienestar, ¿en riesgo?
Al nuevo Gobierno le quedan varias asignaturas pendientes para el próximo año. Una de ellas es relativa a las pensiones: ya a mediados de este mes se votó en contra de una subida de las pensiones del 1,2%, argumentando precisamente el cumplimiento del objetivo de déficit. Por otro lado, el agujero de la Seguridad Social y el decrecimiento del dinero disponible en la hucha de las pensiones hacen cada vez más difícil el mantenimiento de las mismas.
Por otro lado, todavía no se han aprobado los presupuestos para 2017, pero en el Plan Presupuestario 2017 y su Informe de Acción Efectiva ya indican una reducción del gasto educativo del PIB en una décima (pasa del 4% al 3,9%). Lo mismo ocurre en sanidad, donde en sus previsiones el Gobierno calcula otra décima menos del PIB, que pasa del 6,1% al 6%. Además, en el Plan de Estabilidad para el año 2019 también se indica una reducción de estos gastos, que pasan al 3,7% en el caso de educación y un 5,7% en el caso de sanidad.
Estos documentos son una proyección que está condicionada a los propios Presupuestos Generales, pero marcan una hoja de ruta sobre las futuras acciones del Gobierno.
