La comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid lleva meses pidiendo al Gobierno regional las actas oficiales sobre las reuniones del Canal de Isabel II. Los partidos de la Cámara quieren clarificar la polémica expansión del ente público de gestión del agua por Latinoamérica, investigada en la Operación Lezo.
La propia presidenta regional cuenta con el permiso del juez para entregar la documentación, pero sigue negándose. En ellos, se recorren todas irregularidades de la empresa pública que han afectado a tres de los cuatro últimos presidentes de la Comunidad de Madrid.
La oposición ha pedido la información en repetidas ocasiones. Sin embargo, la respuesta de la Comunidad siempre ha sido que estaban protegidas por el secreto de sumario, y que era el juez de Lezo quien tenía que dar autorización.
Sin embargo, Cifuentes cuenta con ese permisido desde el pasado 1 de agosto. La Comunidad había mandado un escrito al juez para conocer si contaban con el mencionado permiso para enviar la documentación a los parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos).
Según ha adelantado El Diario, el juez lo concedió 21 de agosto. Sin embargo, desde entonces se encuentra en poder de la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, el Gobierno regional ha continuado insistiendo durante meses en que desconocían la decisión del juzgado.
El Ejecutivo regional argumenta ahora que la providencia del juez se traspapeló y ha cesado a la subdirectora general de régimen jurídico que la recibió. Cifuentes y su Gobierno prometen entregar esa información de "inmediato", aunque han pasado cinco meses desde que el juez le diera el permiso. "Se ha producido un error humano que ha provocado que se traspapelara el documento" ha añadido Ángel Garrido, portavoz del Gobierno.
Entre los documentos que reclaman los diputados de la Asamblea se encuentran informes sobre la compra de Emissao, en la que Ignacio González podría haber cobrado comisiones en dinero nego; o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que se realizó bajo la presidencia de Gallardón y que ahora investiga la Audiencia Nacional.
El caso de Ignacio González en Brasil
En el listado de documentos que el Gobierno de Cifuentes tiene que entregar, aparece en numerosas ocasiones el nombre de la empresa Emissao. Los diputados de la oposición reclaman los informes internos en los que se basó la compra, la diligente sobre la operación o las actas de las reuniones en las que se aprobó un procedimiento de contrataciones a través de sociedades radicadas en Paraguay. Reclaman también la documentación relativa al pago que se hizo al dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, así como los detalles de las transferencias para cerrar la compra.
Esta operación supuso el inicio del caso Lezo. El juez que instruye la causa sostiene que se produjo un aumento excesivo del precio de la compra de esta empresa brasileña y que el dinero fue a parar a los bolsillos de los principales implicados. Uno de los arrepentidos acabó confesando que Ignacio González se llevó, nada más y nada menos, que 1.8 millones de euros, mientras que los cuatro presuntos implicados cobraron hasta 900.000 euros por cabeza.
La adquisición de Inassa supuso el inicio de la expansión del Canal por América Latina
Los diputados de la oposición reclaman otros documentos relacionados con la empresa Inassa, sociedad colombiana que compró el Canal en 2001 por 73 millones de dólares. Precisamente, durante la época en la que Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. Según Anticorrupción y el juez, la operación estuvo repleta de irregularidades y que, al igual que con Emissao, pudo darse un sobreprecio con la compra.
Esta adquisición supuso la expansión del Canal de Isabel II por toda Latinoamérica. Según cuenta Anticorrupción, Arturo Canalda, el gerente del Canal, preparó la compra meses antes de tener la autorización del Consejo de Gobierno. Pero esta autorización no permitía que Inassa se comprase a través de una sociedad vehículo con una sede en Panamá.
Alguno de los imputados han reconocido que valoraron Inassa muy por debajo de lo que pagaron finalmente, pero han declarado que no conocían de la existencia de la sociedad panameña. Para saber más del asunto, los parlamentarios de la oposición piden el acta de constitución de Canal Extensia, la sociedad que luego compró Inassa.
Cristina Cifuentes también aparece en la documentación que se reclama
La oposición, mientras tanto, centra sus peticiones en las actas del Canal entre los años 2007 y 2015, durante la época de Aguirre y González. Especialmente una que afecta directamente a Cristina Cifuentes ya que intervino en un Consejo de Administración como delegada del Gobierno, en la reunión que trató la creación del Canal de Isabel II Gestión. Una sociedad que Esperanza Aguirre se encargó de proyectar allá por el 2008, cuya idea principal era atraer capital privado a la empresa pública.
En su momento, este Consejo estuvo presidido por Ignacio González, presidente de Madrid por aquel entonces y que ahora mismo se encuentra en prisión provisional por presuntos delitos cometidos a través de dicha empresa.
"En este Consejo ninguna información se ha ocultado" con estas palabras Cifuentes intentaba defender la transparencia del proceso cuando algunos consejeros protestaron porque toda la documentación que tenían que analizar, les llegó un día antes de la celebración de dicho Consejo. Al finalizar la reunión, Cifuentes volvió a tomar la palabra para expresar su total apoyo a la creación del Canal de Isabel II.
