Entre la operación Taula, la Gürtel, la Púnica, las tarjeta opacas, el caso Bárcenas, el Nóos y todos los demás, lo raro en España va a ser no haber puesto en el currículum que has estado investigado por corrupción. Los ERE de Andalucía han sumado dos nuevos miembros a sus filas de investigados, y son dos peces gordos: Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes socialistas de Andalucía entre 1990 y 2009 y entre 2009 y 2013, respectivamente.
Tal y como informa Europa Press, el juez del caso de los ERE los ha citado para declarar en calidad de investigados. Ambos tendrán que personarse ante el juez el próximo 16 de marzo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En 2013 la juez Alaya había solicitado la imputación de los dos expresidentes, pero debido a que Chaves era diputado y Griñán senador, se encontraban aforados y la petición debía ser elevada al Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El caso de los ERE
En 2011 salió a la luz las presuntas irregularidades de los ERE de Andalucía. Una trama en la que el gobierno de la Junta de Andalucía, controlado por el PSOE desde 1980, habría creado en 2001 una dotación de hasta 1.217 millones de euros para ayudar a las empresas locales a llevar a cabo una serie de expedientes de regulación de empleo. El problema está en que, según diferentes acusaciones entre las que se encuentra el PP, este procedimiento es ilegal y está plagado de irregularidades.
Entre dichas irregularidades se encuentran prejubilaciones fraudulentas a personas que nunca habrían ocupado los correspondientes puestos de trabajo, subvenciones a empresas que realmente no estaban realizando ningún ERE e incluso eran inexistentes, y altas comisiones a intermediarios del proceso, como aseguradoras, abogados y consultoras.
Al menos ocho de los prejubilados irregulares eran militantes del PSOE y uno del PP, tal y como se demostró en la investigación, si bien fueron fulminados del partido en cuanto se descubrió. En cuanto a las subvenciones, se da la casualidad que más de los 85 millones de euros fueron a parar a municipios en los que los alcaldes eran socialistas.
