Poco han tardado las compañías eléctricas en reaccionar al paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para intentar abaratar el precio de la luz, que marca máximos históricos día sí y día también. A través de un comunicado han recurrido al chantaje para amenazar al Ejecutivo con cerrar las centrales nucleares del país, de las que son propietarias, si sigue adelante con su plan.
El proyecto de ley de CO2 es una de las medidas "estructurales" que había planteado el Gobierno para abaratar el recibo: el fondo para sacar las primas a las renovables de la factura, y el mecanismo para detraer los ingresos del CO2. Ambas iniciativas están recogidas en sendos proyectos de ley y el Consejo de Ministros ha aprobado tramitarlos por vía de urgencia.
Según argumentan las eléctricas, el plan presentado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros hace "imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas". "Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes", señalan en el comunicado.
El Foro de la Industria Nuclear Española ha expresado su rechazo también al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y han señalado que ambas medidas "ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".
El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha expresado que este cese anticipado provocaría "un cierre desordenado de la generación nuclear" y "la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial".
Según el lobby nuclear, la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035", conducirían al parque nuclear "a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad".
Todo ello, "en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero".
La respuesta del Gobierno
Uno de los primeros miembros del Gobierno en reaccionar a las amenazas de las eléctricas ha sido Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos. A través de Twitter, la morada se ha mostrado contundente: "Por primera vez un gobierno defiende a la gente frente a las eléctricas que se llevan beneficios millonarios con un derecho básico. Las eléctricas amenazan con cerrar las centrales nucleares. Es un comportamiento antidemocrático inaceptable que sólo haría sufrir más a la gente".
Por primera vez un gobierno defiende a la gente frente a las eléctricas que se llevan beneficios millonarios con un derecho básico.
— Ione Belarra (@ionebelarra) September 14, 2021
Las eléctricas amenazan con cerrar las centrales nucleares. Es un comportamiento antidemocrático inaceptable que sólo haría sufrir más a la gente.
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,, en una entrevista en Cadena Ser, ha reclamado a las centrales nucleares que no reaccionen "en caliente" a las medidas del Ejecutivo para bajar el precio de la luz y les ha pedido "prudencia" porque la rentabilidad "está asegurada".
Sobre si las centrales nucleares pueden cerrar de manera unilateral, la vicepresidenta ha explicado que en el sistema eléctrico hay "algo muy importante" que es "la seguridad del suministro", que se debe garantizar para que, en un "momento pico de demanda", se cuente "con capacidad de generar electricidad". Así, ha recordado que Red Eléctrica, "como operador del sistema", debe determinar "si es posible o no cerrar cualquier central nuclear". Ribera ha subrayado que se trata de un "sector regulado" que debe garantizar "la seguridad del suministro". "Es muy probable que Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es fundamental para la garantía del suministro", ha defendido.
Desde el Gobierno trabajamos por lo que es justo. Vamos a revertir los beneficios extraordinarios de las grandes empresas por la elevación del precio de luz en favor de la población, las pymes y el tejido industrial. Defendemos siempre el interés común por encima del particular. pic.twitter.com/uFnNDrJhdJ
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 15, 2021
Desde el Congreso de los diputados, durante la primera sesión del control al Ejecutivo tras el parón estival, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque dirigiéndose al principal líder de la oposición, Pablo Casado, ha lanzado un mensaje a las eléctricas. "Para usted confiscatorio es que los beneficios extraordinarios de las grandes empresas por la subida de la luz revierta en beneficio de los ciudadanos. Eso es lo justo. Que todos arrimemos el hombro", le ha espetado el presidente al líder del PP.
Pedro Sánchez también ha querido dejar claro que su Gobierno "siempre defenderá el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y por encima de presiones", ha subrayado.
