El acuerdo conocido como el caballo de Troya del TTIP, el CETA, se ha visto en la cuerda floja durante varios días, sin que se supiera muy bien cuál sería su destino. En las últimas semanas los ciudadanos europeos han sido testigo de cómo Valonia, una región de Bélgica, ha impedido que se firmara este polémico tratado al no avalar al Parlamento federal para firmar el acuerdo. Las negociaciones con esta región belga siguieron en marcha tras la negativa de Paul Magnette, el ministro presidente valón, de aceptar el CETA sin cambiar algunos puntos. Finalmente se ha llegado a un consenso que permiten levantar el desbloqueo a este acuerdo comercial.
CETA: un acuerdo avanzadilla
El CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, por sus siglas en inglés) es un acuerdo económico y de comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá. La idea de este tratado es favorecer las transacciones comerciales entre ambas potencias.
El CETA forma parte de una nueva generación de tratados comerciales que no buscan únicamente eliminar los aranceles, sino que buscan facilitar los intercambios económicos a través de lo que se conoce como armonización en la regulación; es decir, que las potencias firmantes estén bajo la misma regulación en todas aquellas materias que afecten de alguna forma al comercio. Esto incluye todo tipo de medidas que afectan al consumidor (como la permisión del lavado de pollos o ternera con cloro, o la inyección de hormonas de crecimiento en animales), al medio ambiente o a los servicios públicos, entre otros.
Es por esto por lo que el CETA ha sido bautizado como el caballo de Troya del TTIP, puesto que este tratado inaugurará para Europa esta nueva generación de acuerdos comerciales. La aprobación del CETA, por otra parte, también implica una menor resistencia a la ratificación del otro acuerdo, en este caso con Estados Unidos y con una mayor intención de armonizar regulaciones.
Las dos versiones del acuerdo
A lo largo de sus 13 capítulos y 1600 páginas, el acuerdo con Canadá desgrana una serie de medidas para estrechar los lazos comerciales a ambos lados del Atlántico. Según los defensores de este acuerdo, esto traerá consigo un aumento de las exportaciones europeas a Canadá por valor de 12.000 millones de euros al año, así como 14.000 puestos de trabajo por cada mil millones.
Sin embargo, para los detractores el CETA únicamente traerá consigo una disminución en las garantías democráticas y poco beneficio económico. Según el Consejo de los Canadienses, una organización social del país americano, el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB en Europa y del 1% del PIB en Canadá; conllevará la pérdida de 230.000 empleos hasta 2023 y presionará a la baja los salarios.
Por otro lado, mecanismos como el Sistema de Tribunal de Inversiones hacen dudar de la legitimidad democrática de este acuerdo. Este sistema implica que si una multinacional considera que ha visto perjudicada sus inversiones por la acción o las políticas de un Estado soberano, puede demandarlo saltando por encima de los tribunales ordinarios de ese país. Así, se pone en marcha un mecanismo denominado ISDS, en el que los miembros que arbitrarán el caso serán escogidos por la empresa y el Estado.
Por tanto, si un Estado considera que debe poner en marcha una nueva política que choque frontalmente con los beneficios que podría ganar una empresa, esta empresa podrá demandar y recibir una indemnización del Estado porque no ha obtenido tantos beneficios como esperaba. Algo similar a lo que está ocurriendo en España con los recortes a las energías renovables.
El bloqueo de una región belga
Sin embargo, este tratado se encuentra en una posición comprometida. Para que se celebrase la firma provisional, prevista para el pasado 18 de octubre, todos los Parlamentos de los Estados soberanos de Europa tenían que ratificar esta firma. En el caso español, el Gobierno en funciones autorizó en su Consejo de Ministros del 14 de octubre este tratado, alegando que el CETA es un acuerdo preferencial que incluía una serie de compromisos para liberalizar bienes y servicios.
De la misma forma, se esperaba que ningún Gobierno pusiese muchas pegas a la ratificación de este tratado. Sin embargo, el mismo 14 de octubre un problema apareció en una región de uno de los países más pequeños y emblemáticos de la Unión Europea: en Valonia, Bélgica.
El Parlamento regional valón, con Paul Magnette (del Partido Socialista) a la cabeza se negó a dar luz verde a la firma de este acuerdo. En el caso belga, los parlamentos regionales deben avalar al Gobierno Federal para que éste pueda ratificar la firma de apoyo al CETA, y sin la firma de este Parlamento el acuerdo no se puede firmar.
A raíz de este acontecimiento, se iniciaron las negociaciones con la región valona, en especial en lo que a materia de agricultura de refiere, si bien no se consiguió llegar a ningún tipo de acuerdo. De hecho, Canadá anunció que dejaba las conversaciones el pasado 21 de octubre, dando pie a la idea de que esto significaba el fin del acuerdo comercial. Finalmente se ha llegado a un acuerdo en el que Valonia ha exigido garantías en varios asuntos menores, pero, sobre todo, llevar ante la justicia el tribunal de arbitraje para resolver conflictos entre Estados y empresas. Además, se reserva la posibilidad de cortocircuitar en un año el CETA
El futuro de este acuerdo
Sin embargo, a pesar de que una gran parte de la población europea se ha movilizado activamente en contra de este tratado (y del TTIP), lo cierto es que tanto el Gobierno canadiense como la Comisión Europea quieren que este acuerdo salga adelante.
Cuando la noticia de que Valonia se negaba a avalar al CETA se hizo conocida, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea dijo hallarse bastante sorprendido, e ironizó sobre el hecho de que se celebrase un acuerdo comercial con Vietnam, "que es mundialmente conocido por aplicar todos los principios democráticos" y
Lo único que a día de hoy parece estar claro, es que el destino del CETA y del TTIP está unido.
